Greenpeace es obligada a pagar millonaria indemnización: ONG podría dejar de funcionar en EEUU

El veredicto es un duro golpe para Greenpeace, que fue acusado por Energy Transfer (ET) de orquestar una campaña de violencia y difamación durante la edificación de su cuestionado oleoducto Dakota Access hace casi una década.

El jurado impuso la multa de más de 660 millones de dólares por daños y perjuicios a tres entidades relacionadas con la ONG ecologista, citando cargos que incluyen allanamiento, molestias, conspiración y privación de acceso a la propiedad. “Nos gustaría dar las gracias al juez y al jurado por la increíble cantidad de tiempo y esfuerzo que dedicaron a este caso”, celebró la compañía.

“Aunque nos complace que Greenpeace tenga que rendir cuentas por sus acciones, esta victoria es realmente para la gente de [la ciudad de] Mandan y de todo Dakota del Norte que tuvo que vivir el acoso diario y las interrupciones causadas por los manifestantes que fueron financiados y entrenados por Greenpeace”, añadió ET.

El caso de Greenpeace vs Energy Transfer

Cabe mencionar que el origen del caso, comenzó cuando la organización ambientalista, lideró la protestas por la construcción del oleoducto Dakota Access, en las cercanías de la reserva siux de Standing Rock entre los años 2016 y 2017.

La tribu indígena sioux de Standing Rock y movimientos en pro del medioambiente como Greenpeace, a los que se unieron en varias ocasiones miles de manifestantes, intentaron en vano impedir la construcción de un tramo del ducto que, según los nativos, atraviesa lugares sagrados y amenaza sus fuentes de agua potable.

🚨BREAKING🚨

The trial verdict is in. A jury in the Morton County courthouse found Greenpeace International and two Greenpeace entities in the United States liable for over US$ 660 million combined in Energy Transfer’s meritless SLAPP lawsuit.#WeWillNotBeSilenced pic.twitter.com/Rk1m8MECpT

— Greenpeace International (@Greenpeace) March 19, 2025

Cientos de personas en aquellas protestas resultaron heridos y otros tantos detenidos, por lo que la ONU mostró su preocupación por las presuntas violaciones de la soberanía de los indígenas.

A pesar de las protestas, el oleoducto -destinado a transportar crudo obtenido mediante fracturación hidráulica a refinerías y a los mercados mundiales- entró en funcionamiento en 2017.

La apelación de Greenpeace

La ONG ecologista, que había denunciado durante el juicio que el caso tenía como objetivo “silenciarla”, aseguró que recurrirá la sentencia. “No se puede llevar a la quiebra a un movimiento”, zanjó la directora ejecutiva interina de Greenpeace en Estados Unidos, Sushma Raman.

“Este movimiento existe en todo el mundo: personas que quieren un planeta más limpio y más verde, una democracia más vibrante e inclusiva, la protección de los océanos, los bosques y la tierra. La gente que da poder a organizaciones como Greenpeace… no se les puede llevar a la bancarrota, y el trabajo continuará”, sostuvo.

Greenpeace Internacional interpuso una contrademanda contra ET en Países Bajos, al acusar a la compañía de utilizar los procesos judiciales para reprimir la disidencia. Una audiencia está prevista para el 2 de julio.

En un comunicado de la organización, esgrimió que Energy Transfer impulsó una campaña para desincentivar la participación ciudadana, al patrocinar una demanda conocida como SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation, por sus siglas en inglés y conocidas en español como ‘demandas estratégicas contra la participación pública’).

“Energy Transfer no nos ha dejado solos en esta lucha. Apenas estamos comenzando nuestra demanda anti-SLAPP contra los ataques de Energy Transfer a la libertad de expresión y la protesta pacífica. Veremos a Energy Transfer en los tribunales este julio en los Países Bajos. No cederemos. No nos silenciarán”, declaró Kristin Casper, consejera general de Greenpeace Internacional.