Las políticas públicas bien diseñadas permiten que la economía crezca, aumentando los niveles de competitividad y productividad, lo que en definitiva se traduce en un mayor bienestar para la sociedad. Un desarrollo productivo sostenible también debe velar por la preservación del entorno natural y abordar los desafíos del cambio climático.
Históricamente, las herramientas de desarrollo productivo en Chile han sido altamente centralizadas. Instituciones como CORFO y SERCOTEC han diseñado sus políticas desde Santiago, sin considerar las particularidades económicas y productivas de cada región. Esta falta de descentralización ha limitado la eficacia de los instrumentos de fomento, que muchas veces no responden a las necesidades reales de los territorios.
La aplicación homogénea de estas políticas, desde Arica hasta Punta Arenas, ha generado barreras para el desarrollo de los sectores productivos locales.
Ante esta situación, el Estado ha avanzado hacia mayores niveles de descentralización, reconociendo la importancia de la autonomía regional en la definición de estrategias productivas. En este contexto, la Región del Biobío ha jugado un rol fundamental con la creación de Innova Biobío, el primer organismo descentralizado de fomento productivo en Chile, enfocado en la innovación. Este piloto, surgido bajo el alero de CORFO Biobío, fue un éxito y sirvió como modelo para la creación del Comité Innova Chile a nivel nacional.
Posteriormente, en el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, Innova Biobío evolucionó hacia una nueva institucionalidad: el Comité de Desarrollo Productivo Regional.
Entre 2015 y 2016, se crearon solo tres Comités regionales, manteniendo al resto del país bajo un esquema centralizado. Esto continuó generando limitaciones para el desarrollo de sectores económicos que requerían un enfoque más adecuado a sus realidades locales.
Fue recién en 2022 que el gobierno asumió el compromiso de expandir estos Comités a todas las regiones. Hoy, en 2025, todas las regiones de Chile, desde Arica y Parinacota hasta Magallanes y la Antártica Chilena, cuentan con su propio Comité de Desarrollo Productivo Regional. En conjunto, estos organismos administran más de 33 mil millones de pesos anuales, destinados a programas de inversión y subsidios adaptados a las necesidades de cada región.
Una de las principales fortalezas de esta nueva institucionalidad es su composición. Cada Comité está integrado por representantes de los gobiernos regionales, el gobierno central, gremios empresariales y la academia. Esto garantiza una visión integral del desarrollo productivo y permite que las decisiones sean tomadas con un criterio de pertinencia regional, asegurando que los recursos sean utilizados de manera eficiente y en beneficio directo de cada territorio.
Desde una perspectiva personal, considero que con esta transformación se está cumpliendo una deuda histórica. Durante demasiado tiempo, las regiones han estado sujetas a decisiones tomadas en Santiago, sin considerar sus realidades específicas. Hoy, con estos niveles de autonomía, los territorios pueden definir sus propias estrategias económicas y productivas, permitiendo un desarrollo más justo, equitativo y acorde con sus propias potencialidades.
Este es un avance significativo en el proceso de descentralización y en la construcción de un Chile más integrado y equitativo. No obstante, el desafío ahora es consolidar estos Comités y garantizar que sus recursos sean bien utilizados.
La participación de todos los actores locales, desde los gobiernos regionales hasta la sociedad civil, será clave para que esta transformación tenga el impacto esperado. Chile está avanzando en la dirección correcta, pero debemos seguir trabajando para que la descentralización productiva sea una realidad concreta y sostenible a largo plazo.
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