Los chilenos pagan el costo del aprendizaje

Y era previsible que, con el anuncio del “mayor temporal desde el 2008”, al menos se repetirían escenas de desbordes de ríos y estructuras similares, o peores, a los vividos hace algunas semanas en las mismas regiones del país y por los mismos motivos, un sistema frontal. Lo que no era previsible es la incapacidad para, terminada la emergencia anterior, prepararse y evitar su repetición.

Las razones de esta situación son claras, quienes hoy dirigen el Poder Ejecutivo no poseen la experiencia, el criterio y la prudencia necesarios para abordar correctamente toda la dimensión, la responsabilidad y las implicancias de los cargos que ostentan.

Es obvio que el gobierno no controla la frecuencia o intensidad de las precipitaciones, y que no puede simplemente hacer desaparecer los abultados caudales que provocan en los ríos, pero lo que sí resulta lógico es que se hubieran efectuado las medidas preventivas necesarias, sobre todo cuando el tono de la comunicación del Gobierno previo al evento meteorológico da a entender a la comunidad que sí se tomaron estas medidas.

La situación de los compatriotas doblemente golpeados este invierno por el clima y la inacción gubernamental son elementos lamentables, pero no son ellos los únicos que han debido pagar el costo de tener autoridades que van aprendiendo, obteniendo experiencia, a punta de ensayo y error. Es evidente que para tener experiencia en alguna materia, disciplina o temática se requiere exposición a las labores a realizar, pero cuando dicha práctica para comprender cómo deben hacerse las cosas al administrar el Estado ocurre ostentando el poder, siendo el responsable de tomar decisiones, el precio de la inexperiencia y las decisiones tardías lo paga la ciudadanía.

La inexperiencia y el período de aprendizaje vigente ha quedado en evidencia en reiteradas ocasiones tras el surgimiento de nuevas polémicas y la generación de nuevas contradicciones. Por ejemplo, en términos de contradicciones, es evidente que cuando el actual oficialismo tomó posturas respecto del gobierno anterior, como cuando se buscó acusar constitucionalmente al ex ministro de educación Raúl Figueroa por perseguir que los estudiantes volvieran a los colegios durante la pandemia y, finalmente, estas posturas tienen consecuencias como la actual crisis en materia de educación, ocurre el momento donde la ciudadanía nota que se le generó una consecuencia negativa por una posición política que hoy, tras ejercer el rol de gobernar, la coalición gobernante no sostiene.

Son realmente numerosas las situaciones de esta naturaleza existentes en la actual administración. Quedan en evidencia contradicciones realmente insostenibles en temáticas como los retiros previsionales, materia en la que el diputado Gabriel Boric votaba a favor y despreciaba en sus intervenciones el anunciado impacto en el alza en el costo de vida, y en la que ahora el Presidente Gabriel Boric se mantiene como firme opositor y advierte del impacto que tuvo en la inflación.

Otra contradicción notable existe en torno a la reforma de pensiones, si se considera que el proyecto del gobierno busca que el aumento de la cotización sea de cargo al empleador, llama la atención una entrevista televisada del diputado Boric argumentando en contra de un proyecto del gobierno anterior, precisamente sobre las razones por las que una cotización adicional sería finalmente financiada por el trabajador. Su postura de aquel entonces es perfectamente sostenible para responder negativamente a lo que hoy él mismo le propone al país.

Para comprender estas contradicciones la ciudadanía podría elaborar al menos dos explicaciones sencillas. La primera es que en alguno de los dos escenarios el mandatario estaría faltando a la verdad, mientras que la segunda es que algo pasó y, en consecuencia, el mandatario cambió de opinión.

Esto último es obviamente legítimo para cualquier persona, incluso para un mandatario, pero genera la necesidad de explicar a la ciudadanía dicho cambio. En el contexto actual, el mensaje recibido con mayor probabilidad es que el Presidente, a medida que fue “habitando” su cargo, habría llegado a la conclusión de que sus posturas anteriores eran equivocadas y, en consecuencia, las ajustó. Durante el tiempo que ha tomado este proceso de cambio de las convicciones presidenciales, ha sido la ciudadanía quien ha visto empeorada su calidad de vida debido a los impactos negativos generados por las posturas originales del mandatario.

Pero no son solo las contradicciones – existentes por montón al comparar declaraciones de las actuales autoridades con sus historiales en la red social X– y las polémicas, como el mal manejo de la crisis por los convenios fraudulentos en el contexto del caso Democracia Viva y todos sus ramales. También en las instancias de gestión, de llevar adelante las labores diarias en el aparato estatal y, especialmente en momentos de crisis, la capacidad de asumir con rapidez y efectividad el rol correspondido y tomar las medidas adecuadas; se transmite a la ciudadanía la evidente improvisación gubernamental, obligándola a pagar los costos de ella. Basta recordar la imagen de los ex ministros del gobierno anterior ingresando a La Moneda para apoyar al Ejecutivo en el combate de los masivos incendios forestales durante la última temporada estival para acentuar la percepción de que, en La Moneda, muchas veces no hay claridad de lo que se está haciendo.

Otra temática en la que el gobierno traspasa el costo a la ciudadanía dice relación con la política nacional del litio. Lo cierto es que el litio es un mineral significativamente valioso hoy y, probablemente, tenga su mayor precio dentro de un par de años, lo que duraría hasta 2030 según plantean los expertos. Si esto es así, resulta incompatible con el hecho de que se ha estimado que recién dentro de 11 años se esté produciendo el primer gramo de litio en el marco del mencionado plan nacional. En esta materia el gobierno ha preferido seguir sus lineamientos ideológicos y reducir tanto como fuese posible el rol de los privados en la explotación del litio, alejándose del principio de realidad que ha primado en la mayoría de los gobiernos que pueden considerarse medianamente exitosos en nuestra historia.

El invierno aún no termina y podrían repetirse incluso hasta la primavera situaciones como el reciente sistema frontal. Por otra parte, nos espera un verano históricamente caluroso, con lo que los incendios forestales probablemente tengan una fuerte presencia. Chile es un país de terremotos, tsunamis y actividad volcánica. ¿Cuántos otros desastres necesitará el gobierno para aprender sobre prevención y liderar la emergencia? ¿Cuántas nuevas contradicciones y polémicas deberán atestiguar los chilenos antes de que el gobierno comprenda que debe ser coherente? ¿Cuánto tiempo más los chilenos deberán pagar los costos de que sus autoridades sigan en un “proceso de aprendizaje” sobre el ejercicio de sus cargos?