La institucionalidad chilena en materia de dinero es muy entretenida

Como un prefacio a esta columna de opinión, aludimos a las recientes publicaciones de los abogados y académicos, Hernán Corral y Hugo Herrera, quienes cada uno por su parte, criticaron con suma molestia al auto denominado “think tank” del Instituto Libertad y Desarrollo, ligado al partido político UDI, por ser una organización privada financiada por empresarios de alto vuelo y que, por ello, sus “estudios económicos” permanentemente están dirigidos a favorecer los proyectos de los anteriores y en general a los actores privados que controlan el país.

Estando de acuerdo con la denuncia de esos dos conocidos abogados, dejamos en claro que no nos incomoda en absoluto ese comportamiento, pues es de toda lógica que sus “estudiosos” se vean compelidos a publicar en la prensa militante de derecha sus doctos análisis financieros que benefician a quienes los cobijan.

Pues bien, entrando a los asuntos que conocemos y que nos interesan, nos permitimos proponer a quienes se desenvuelven en el libertino negocio inmobiliario y a los arquitectos que les proyectan sus edificios, que lean con detenimiento el libro, recién editado en noviembre de 2022, “Parrochia Urbanista”, compendio de sus valiosos escritos, entrevistas y conferencias, quien ya fallecido, como urbanista de verdad, entre otras cosas, fue el creador del Metro de Santiago.

Hablando sobre los tiempos actuales, una vez más en esta tribuna 100% independiente, dejamos en evidencia a continuación unas pocas situaciones conflictivas en el ámbito de las ciudades que justifican el título de esta columna.

En términos muy simples los humedales son áreas que permanecen por períodos considerables de tiempo en condiciones de inundación en los suelos urbanos y rurales. Por sus valores ambientales han sido protegidos con la Ley N° 21.202 del año 2020 y aprovechando el ZOOM que sostuvimos el viernes 3 de febrero reciente con la alcaldesa Paulina Bobadilla de Quilicura y sus asesores expertos, vemos con preocupación que el humedal urbano de Quilicura de 468,3 hectáreas, el segundo más grande del país, se encuentra amenazado por unos cuantos inversionistas quienes, con ingeniosos estudios técnicos, preparados por expertos muy bien remunerados, han planteado la reducción en un alto porcentaje de la protección del mismo para ejecutar allí pingües proyectos inmobiliarios.

Nos comprometimos con dicha alcaldesa que le entregaríamos los nombres de tres abogados especializados para que, el elegido por el municipio, defienda en las instancias administrativas y judiciales la íntegra conservación del humedal, a sabiendas que el caso estuvo radicado en el 2° tribunal ambiental de Santiago y en la Corte Suprema con resultados adversos. Todos debemos estar conscientes de que la conservación de los humedales es prioritario para las comunidades locales. Sabemos que todas las fuerzas vivas de Quilicura y la propia municipalidad, con la sola excepción de un funcionario que no cree en los beneficios de los humedales, sostienen confiadamente que la última palabra la tendrá Maisa Rojas, ministra ecologista del Medio Ambiente.

En las últimas semanas la prensa ha cubierto en forma completa lo que acontece con la curiosa compra de una clínica en un alto precio, por parte de la Municipalidad de Santiago, cuya alcaldesa justifica ese monto porque tres peritos tasadores así lo habían resuelto. La primera en objetar la transacción comercial fue la concejal independiente de izquierda, Rosario Carvajal, la que, nos consta, sí tiene un conocimiento acabado de estas cosas.

Esta operación que favorece exclusivamente al oportunista vendedor, se une a la equivocada tasación de otros peritos, respecto a la desproporcionada indemnización por la expropiación de un terreno que ocupaba de facto la empresa Copec en la comuna de Las Condes, asunto publicado en esta tribuna el 23/01/2023.

Ya que estamos hablado de tasadores incompetentes, es conveniente que los lectores revisen el episodio Caval del otrora feliz matrimonio Dávalos-Compagnon, respecto a como el Banco de Chile, sin las garantías necesarias, les prestó plata para el negocio inmobiliario, con cambio de uso de suelo, que emprendieron en la comuna de Machalí, ver link.

Tenemos la impresión que la adquisición de la famosa clínica en la comuna de Santiago se tendrá que anular pues Luis Maldonado, juicioso Conservador de Bienes Raíces de Santiago, se negó a inscribir su dominio, aunque cabe la remota posibilidad de que se le compre a un precio justo con informes de avalúos de otros tasadores o bien que se busque un distinto inmueble. Con respecto a cariñosa indemnización a Copec, la Contraloría General de la República tendrá que resolver pronto, pues el MOP livianamente firmó un decreto supremo para pagarle una injustificada y altísima suma de dinero a esa empresa de propiedad de un influyente grupo económico.

Finalmente, a la luz de los excesivos cobros de arriendos de viviendas que hacen mayoritariamente los fondos de inversión y muchos empresarios de la élite que explotan el fructífero negocio de la renta residencial, es pertinente saber que en Holanda se ha empezado a multar a quienes compran pisos para alquilarlos a precios elevadísimos. Desde el año 2022 hay una ley en ese país desarrollado que permite a las ciudades prohibir la compra de viviendas si no se va a vivir en ellas. Para evitar este abuso mercantilista ¿será posible que en Chile se adopte una medida similar? Difícil, pero no imposible, aunque como país subdesarrollado, este tipo de decisiones deben ser visadas por las asociaciones empresariales.