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Estamos viviendo una de las mayores revoluciones tecnológicas de la historia, la que nos abre nuevas oportunidades para innovar y entregar como Policía de Investigaciones (PDI) respuestas oportunas en la investigación de delitos de alta complejidad.
Como la Policía Investigativa de Chile, estamos permanentemente atentos a nuevas formas delictuales, y en este sentido, constituye un fenómeno emergente el uso ilícito de las criptomonedas para cometer estafas.
Estos activos digitales creados hace solo 13 años se han convertido en una gran industria para algunos, pero en una pesadilla para otros, por los diversos delitos que están asociados a su uso ilegal.
Por cierto, parte de los delitos que se llevan a cabo con estos instrumentos financieros descansan en la complejidad que implica comprender su operatoria, pues se trata de monedas virtuales (es decir, que no poseen un respaldo físico), generadas por medio de la tecnología blockchain.
En la práctica, es una base de datos que se encuentra repartida en distintos servidores por todo el mundo, cada uno de ellos denominado “block” o “bloque”, los que poseen un identificador único, por lo cual no pueden ser alterados. Hoy en día, distintos servicios financieros ofrecen a sus clientes la posibilidad de comprar alguna criptomoneda, con la promesa de una utilidad de retorno supuestamente importante.
Sin embargo, además del riesgo inherente a cualquier operación financiera, sobre todo cuando lo que se transa son intangibles, hay otros riesgos asociados. El primero de ellos, es que las operaciones de cibermoneda no son reversibles y no solo eso: no hay autoridad alguna que las regule, por lo cual no hay a quién reclamar en el caso de un error o un problema.
En caso de una estafa u otro delito, al ser operaciones digitales transnacionales, se hace tremendamente complejo rastrear el origen del ilícito. Sin embargo, el año 2021 nuestra Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) logró identificar a un chileno que utilizaba criptomonedas para pagar transacciones de droga, la que se transformó en la primera investigación e incautación de bitcoin en Chile.
Otra complejidad asociada a este fenómeno es la falta de regulación. De ahí que sea uno de los medios de pago más utilizados por las organizaciones criminales dedicadas entre otros delitos al narcotráfico, comercio de armas o trata de personas.
En función de lo expuesto, la comunidad debe entender que por muy atractivas que parezcan las inversiones asociadas a criptomonedas, se requiere de conocimientos altamente especializados para operar en dicho mercado, especialmente porque hay muchas páginas web que simulan ser oferentes de ellas, cuando en realidad son simples phishing que buscan apoderarse de sus datos personales.
De ahí la trascendencia, que la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana tenga actualmente a su cargo la secretaría ejecutiva de la Red CiBel@ (Cibercrimen Europa-Latinoamérica), un sistema de coordinación de 20 países que integran esta red de investigación del cibercrimen de América Latina y Europa, que esta semana lanzó una campaña en contra de las “Fakecoins”, como se denominan genéricamente a las falsas criptomonedas con que se están comenzando a cometer estafas y otros delitos.
La estrategia de la PDI es clara y forma parte de nuestro actual Plan de Desarrollo Institucional (2022-2028) que es investigar delitos de alta complejidad y al crimen organizado transnacional, en colaboración con distintas policías a nivel mundial apoyándonos en la plataforma de intercambio de información que nos proporciona Interpol, siendo clave crear una “cultura de colaboración” entre la PDI y la comunidad, para enfrentar nuevas formas delictuales como es el cibercrimen.
Tenemos una experiencia investigativa de 88 años, lo que transforma a la PDI en un referente en investigación de delitos de alta complejidad a nivel mundial, y es precisamente, esa experiencia la que ponemos a disposición de la comunidad, que demanda una Policía de Investigaciones a la par con los nuevos tiempos.
