A partir de octubre entra en vigencia la Ley 21.302 que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez, que promete cambiar la institucionalidad de niños, niñas y adolescentes en Chile. Este servicio sustituye al Servicio Nacional de Menores (Sename) en su función de dar protección a niños, niñas y adolescentes que sufran algún tipo de vulneración en sus derechos, pero no a adolescentes infractores de ley, materia reservada al Servicio de Reinserción Social y Juvenil, cuyo proyecto de ley está en tramitación en el Congreso.

La ley que crea este Servicio reconoce a los niños como titulares de derechos, garantizando el interés superior del niño, el derecho a ser oído y su participación efectiva, el principio de igualdad y no discriminación, la perspectiva de género, la inclusión, la protección social, el principio de su autonomía progresiva, la prioridad en atención, la restitución y reparación de daños ocasionados, la especialización en materias de infancia y adolescencia, entre otros.

Pero, pese a que Mejor Niñez tendrá un enfoque en los derechos de la infancia, lamentablemente carece de un marco normativo, pues aún no entra en vigor la Ley de Garantías y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia que fue objeto de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, siendo el único país en Latinoamérica que no cuenta con una legislación de garantías o código de la niñez.

Por tanto, si bien el nuevo servicio viene a subsanar las deficiencias del antiguo sistema y constituye un avance respecto del anterior, mientras no se apruebe la Ley de Garantías, carecerá de un cuerpo normativo sobre el que enfocar su acción.

Nuestra sección de OPINIÓN es un espacio abierto, por lo que el contenido vertido en esta columna es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial de BioBioChile