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A esta altura, para nadie es novedad hablar de sequía en Chile. Decir que tenemos un 60 o 70% de déficit en las precipitaciones no llama la atención.
La sequía es un desastre de origen natural, de lento desarrollo, es decir, no se declara sequía de un año para otro, es una condición que debe darse, por lo menos, durante 10 años para que sea denominada como tal.
Lo que llama la atención es que hace 28 años los científicos de todo el mundo están advirtiendo que el Cambio Climático y el Calentamiento Global será una de las mayores amenazas para el planeta, proyectando aumentos en la temperatura global de 1,5°C a 2°C y disminuciones de las precipitaciones en proporciones similares para el año 2030, proyecciones que ya se han alcanzado antes de la fecha prevista. De acuerdo con lo expresado por Naciones Unidas “con un aumento de 1,5°C, habrá más olas de calor, las estaciones cálidas serán más largas y las frías más cortas. Y con un aumento de 2° C, los eventos extremos de calor serán más frecuentes y se llegará a niveles de tolerancia crítica para la salud y la agricultura”.
Sin embargo, pese a todas las advertencias realizadas por organismos especializados, las políticas públicas de nuestro país no se han orientado al manejo de este desastre, actuando una vez más, de manera reactiva. La construcción de embalses no sirve de nada si no hay agua. Según el primer informe de la “Mesa Nacional del Agua 2020” del Ministerio de Obras Públicas “El sector agrícola es el mayor usuario de agua consuntiva en Chile con un 72%, seguido por el agua potable con el 12%, consumo industrial con el 7% y uso minero, con el 4% (el 5% restante está asociado al sector pecuario y al uso consuntivo en generación eléctrica)”, entendiendo que el agua consuntiva se refiere al agua, que una vez usada, no se devuelve al medio donde se ha captado.
Esta mesa plantea tres desafíos: la seguridad hídrica, entendida como la provisión confiable y oportuna de agua en cantidad y calidad, primero para el consumo humano y luego para la conservación de los ecosistemas hídricos y la producción de bienes y servicios; La calidad de las aguas y ecosistemas relacionados, donde se identifica la falta de normas secundarias de calidad ambiental, lo que impide una adecuada gestión de la calidad de los cuerpos de aguas. Se menciona que la problemática de la calidad del agua suele quedar invisibilizada por el desbalance hídrico o las situaciones de sequía e inundaciones; y Marco legal e institucional donde se habla de la urgencia de contar con una política hídrica de largo plazo se incluyan los principios básicos en torno al agua. Dichos principios básicos deben orientar los marcos legales e institucionales que apunten a la compatibilización armónica del derecho humano al consumo y saneamiento de aguas, las demandas de agua de los ecosistemas, la necesidad de utilizar el agua en los procesos productivos, la utilización de mecanismos de tipo económico para su uso eficiente y la generación de incentivos para la inversión privada, en conjunto con la pública, para el acceso a nuevas fuentes de agua.
Si se observa el orden en la prioridad de los temas que se ha dado en esta mesa para la gestión del recurso, sorprende la poca comprensión que existe de la realidad en que el país ha estado inserto desde hace más de 20 años. Pensar primero en asegurar el agua para el consumo humano, postergando los ecosistemas, no es más que una demostración de la soberbia humana en la explotación de los recursos naturales. De nada sirve asegurar el consumo humano en desmedro de los ecosistemas, si no se considera que son éstos los que generar el recurso. Las deforestaciones y el avance de la desertificación contribuyen a aumentar la sequía. Tampoco sirve traer agua de otros sectores meridionales por medio de “carreteras hídricas” ya que esas medidas sólo destruyen ecosistemas existentes. El pensar que “tienen mucha agua” es un desconocimiento absoluto del equilibrio ambiental que existe en la zona sur del país.
Por otra parte, mencionar la urgencia de contar con una política hídrica de largo plazo es una reacción a un problema que no supo manejarse de manera oportuna con eficiencia y eficacia. La gestión y planificación del territorio en función de las cuencas hidrográficas debió ser prioridad para un país como el nuestro, donde gran parte de su superficie cuenta con una Cordillera de Los Andes con grandes reservorios de agua dulce. La aprobación de proyectos urbanos en zonas precordilleranas sólo ha aportado a la impermeabilización del suelo y pérdida de reservas de aguas subterráneas, sumado a la fuerte explotación del recurso para satisfacer las necesidades de consumo.
Con este escenario, sólo se puede reaccionar y tratar de mitigar los impactos de un desastre silencioso, que ha estado presente desde mucho antes que las autoridades se dieran cuenta o hicieran oídos sordos a los avisos de organismos internacionales especializados. Así, se debe planificar adecuadamente el uso del escaso recurso hídrico que queda y avanzar en tecnologías que permitan la mayor eficiencia, siempre con una mirada integral de los ecosistemas y su explotación.
