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Visto lo expuesto en la columna de Patricio Herman, estimamos que es ineludible y un imperativo ético referirse a los graves hechos denunciados en materias de Instrumentos de Planificación Territorial (IPT), no respetados por quienes lucran escandalosamente amparados en sus títulos de dominio del suelo y por quienes les sirven profesionalmente para consolidar sus proyectos.
Una causa principal de lo que ocurre es la permanente transgresión y modificación de los IPT, a causa del modelo de desarrollo urbano y territorial llamado “planificación por condiciones”, que responde y consolida una supremacía escandalosa del derecho de propiedad privada del suelo sobre la condición de este recurso no renovable que es, en su esencia primaria y principal, un bien nacional, común.
Se requiere un cambio de raíz, de política pública, la derogación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), publicada el 2014, y, necesariamente, la derogación de leyes y decretos que responden a esta política. En consecuencia, la situación en materias de planificación urbana y territorial es mucho más grave para los Gobernadores, para el Gobernador Orrego, que el “ahora exigir el apego a la ley” que le indica Patricio Herman.
Recordemos que en 2001 se derogó el Decreto N°31 de 1985, “Política Nacional de Desarrollo Urbano”, qué aún estando promulgado y publicado el año 1985, bajo la presidencia del General Pinochet, respondía a un Estado garante, con la función privativa del Estado de la planificación urbana y territorial, lo que obviamente contradecía al modelo neoliberal de “planificación por condiciones”.
El fundamentar con algo más de detalle o profundidad el que la PNDU -que ha consolidado definitivamente en el país la “planificación por condiciones” con la ley 20.958 que se deriva de ella y de posterior publicación en el diario oficial-, es una causa estructural, lo exponemos en otro escrito o columna a raíz del rechazo legislativo al proyecto ley de Integración Social del Minvu recientemente en el Senado, y la hemos titulado “Comienza el derrumbe de la Política Nacional de Desarrollo Urbano del Minvu”. Declaramos tener la total responsabilidad de lo que se expone en este hipervínculo PDF, que puede, estimamos, considerarse un borrador para un informe de una contraloría de conveniencia y resultado de la PNDU, y que se ha enviado a arquitectos urbanistas miembros activos del Colegio de Arquitectos A.G. (CA), algunos con cargos en su directorio, solicitando un debate, que el CA haga una contraloría como la señalada y no sea esta solo responsabilidad por decreto del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) hacerla (siendo juez y parte), y que el CA sea parte activa en las asesorías a Gobernadores y a los Constituyentes.
El que Claudio Orrego, en su cargo de Gobernador, impulse las tramitaciones para las derogaciones que señalamos lo vemos muy difícil, teniendo el lobby y la presión en contra de todo el empresariado que votó por él, de la Banca, AFP, Fondos de Inversión, etc. de todo el poder económico, porque, además, ha capturado este poder económico al Estado, al poder político, y, lamentablemente, también a la academia. Pero tampoco esto estaba comprometido o anunciado en su programa por su contrincante, Karina Oliva.
Y sobre el proyecto Chaguay al que se refiere Patricio Herman, proyecto que rechazamos de plano y lo consideramos inaceptable, bueno sería que la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) se pronunciara.
Recordemos que el 12 de enero de 2018 se nos informaba (El Mercurio) que la ADI contrataba a Atisba para “reunirse con un amplio sector de actores públicos y privados, escucharlos y luego desarrollar propuestas para impulsar un proceso de densificación equilibrada” preocupados por la creciente judicialización de obras que tenían permisos de edificación aprobados por distintos Municipios, y por la revocación o nulidad de éstos por Tribunales resultado de largos procesos judiciales. Un día antes, se había publicado una Carta al Director del presidente de la ADI con el título “Desarrollo Urbano y Negocio Inmobiliario”.
No ha sido una solución, como se señalaba por el presidente de la ADI en dicha carta, el que nos sometamos a una PNDU promulgada y lo que en materias de ésta se avanzaba y ha continuado avanzando el CNDU.
Vemos que el problema continúa y se agrava. La ciudadanía ve con frecuencia que se beneficia a los desarrolladores inmobiliarios, justificándose esto por la incidencia de esta actividad en el PIB y el desarrollo económico del país y el empleo, y por declaraciones de obsolescencia de los IPT y Planes Reguladores. Y se ha complejizado al extremo la certeza jurídica.
Otro punto que es un factor relevante en el escenario actual -y que se había encargado lo analizara Atisba para la ADI el 2018- , es la ética profesional, es la responsabilidad ética que les cabe a los profesionales de la construcción. El respaldo en la legislación urbanística y medioambiental y el respeto a los IPT en la prestación de servicios como Arquitecto, y más aún en proyectos como Chaguay, es un asunto ético trascendental y de alto impacto en la libre competencia, que tiene como pilar el respeto a la ley. Y transgresiones gravísimas a este marco normativo o legal deben ser sancionadas por los Colegios profesionales.
¿Qué concluyó y/o recomendó Atisba? ¿Qué dice la ADI respecto a este proyecto Chaguay?
Juan Pablo Vigneaux
Arquitecto
Asesor Externo Cámara de Diputados
