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El abogado Carlos Gajardo, ex fiscal en casos emblemáticos de corrupción como SQM, la representación de Gustavo Gatica o recientemente en la indagatoria por eventual fraude en el municipio de Viña del Mar, se refirió a temas como la probidad en las instituciones del Estado, su relación con la carrera política de los/as actuales candidatos/as presidenciales, entre otros. Lo hizo en el panel “Desde la Academia”, espacio producido por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, un foro de docentes que dialoga de contingencia con actores de la vida política y cultural local.
Ahí, Gajardo se refirió a casos recientes de malversación de fondos como los detectados en municipalidades como la de San Ramón, Maipú y Viña del Mar. El abogado sostiene que la ciudadanía, lamentablemente, se ha acostumbrado a gobiernos locales extensos que generan “verdaderos señores feudales”, como autoridades que van generando espacios para irregularidades ante las que operan, “más que como servidores públicos verdaderos reyezuelos del lugar”.
“Me parece que la tentación de mezclar política con dinero siempre va a estar y, por lo tanto, lo que vamos a necesitar son mecanismos de prevención, leyes duras, controles y sanciones”, señaló el abogado en el encuentro acerca de cómo enfrentar estos vicios del poder.
Otras irregularidades como el uso de gastos reservados, financiamiento de campañas por parte de grandes empresas o evasión de impuestos son, asegura, prácticas muy extendidas que, en lo institucional, van más allá de la simple figura de la persona evasora o directores generales del Ejército o Carabineros.
“Estas situaciones suelen fundarse en un ambiente de opacidad y falta de control”, reitera sobre dónde enfrentar estos delitos.
“No es que hubiera un control defectuoso, es que por estructura legal teníamos una ausencia de control”, recuerda sobre la dificultad de pesquisar estas situaciones.
En ese sentido, advierte, de la importancia que instituciones como los consejos municipales robustezcan su rol fiscalizador como primera línea de defensa ante el trabajo algo anquilosado de la Contraloría, que ha intentando ponerse al día de este desafío en las últimas gestiones, cree.
Afortunadamente, algo que heredó el sistema penal tras el extenso proceso de casos como Penta, SQM o Corpesca, fue que estas acciones legales corrieron el cerco de lo que está permitido investigar hoy. Señala: “La impunidad en general le hace muy mal a una sociedad porque alimenta la posibilidad de que estas conductas se repitan en el futuro. La principal garantía de no repetición es la detección y el castigo de los delitos”.
Vea la entrevista completa:
La impunidad como regla
Consultado ante la necesidad de un nuevo marco jurídico para enfrentar la corrupción, quizás a un nivel constitucional, el abogado responde afirmativamente que “en general política y dinero es una relación que siempre va a existir y que hay que intentar regularla porque es una tentación permanente”.
Cita casos recientes de constituyentes que intentan ingresar boletas emitidas a parientes para justificar gastos como situaciones de alerta y otras recientes candidaturas donde figuras connotadas como el ex ministro del Interior de Michelle Bachelet, Rodrigo Peñailillo y Marco Enríquez-Ominami han sido cuestionadas.
Estima que, legalmente, políticos como Peñailillo y MEO no debieran tener obstáculos para postular en cuanto a que no se ha constatado un delito de pena aflictiva.
“Peñailillo no tiene ninguna inhabilidad legal, nunca fue acusado. MEO si la tiene, pero el Tribunal Constitucional, con fundamento para ello, creo, ha dicho que esa prohibición es inconstitucional porque contraviene el principio de presunción de inocencia. Si una persona no ha sido condenada, ¿Porqué va a tener un menoscabo de sus derechos políticos?”, pregunta Gajardo.
No obstante, agrega que en términos de probidad el tema vas más allá de lo jurídico y legal: “Estas personas, Peñailillo y MEO tienen una grave inhabilidad. No sé si llamarla ética. Más bien es una inhabilidad política para ser candidatos y creo que, a pesar del intento que hicieron de ser candidatos, fue correcto que los partidos políticos les hayan cerrado las puertas para ir con ellos en sus listas”.
El ex fiscal opina que en el camino hacia la confianza en las instituciones hay un camino por delante. El sistema chileno busca legitimarse ya que cuenta con una de las tasas de confianza más bajas del mundo.
“En Chile una de cada siete personas confía en el sistema de justicia y eso es una cifra muy descorazonadora. Las mejores armas para prevenir hechos de corrupción están en la transparencia, en favorecer canales de denuncia y en tener, en general, muchos ojos abiertos”, declara Gajardo.
En un aspecto similar, respecto a investigación por justicia y reparación en casos de violaciones a los DDHH a partir del 18-O, Carlos Gajardo reconoce grados de decepción por el lento o nulo avance de las causas.
Habla de una regla más cercana a la impunidad, incluso: “Cuando uno sale de los casos más emblemáticos y va a los casos más normales la verdad es que el avance de las causas es muy deficiente, muy menor, y por el paso que va teniendo el tiempo eso ya va augurando a que de nuevo la impunidad va a terminar siendo la regla. La fiscalía ha gastado mucha energía persiguiendo violaciones a la cuarentena respecto de las causas de DDHH”, destaca.
