La fiscalización de licencias médicas está en la dirección equivocada

Actualmente, está pronta a ser promulgada una modificación a la Ley N°20.585, para endurecer las sanciones ante la emisión fraudulenta de licencias médicas. Esta norma, que ya fue aprobada por la sala del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados, fortalece las facultades de fiscalización de los organismos reguladores e impone multas más altas y períodos de suspensión más prolongados para quienes emitan licencias sin fundamento.

Además, contempla la expulsión del Registro Nacional de Prestadores Individuales (RNPI) y, en casos de fraude reiterado, la pérdida de la licencia profesional.

Como Colegio Médico, participamos activamente en la discusión de esta nueva normativa, planteando nuestras aprensiones respecto a sus impactos en la labor médica y en los pacientes.

Solo se acogieron dos de nuestras propuestas: extender los plazos para la entrega de informes médicos y aplicar sanciones a contralores médicos que fiscalicen de manera errónea y reiterada.

Sin embargo, estos cambios aún no están vigentes. Hoy, la fiscalización se está llevando a cabo bajo la ley que rige desde 2012 y que ya contempla sanciones administrativas para los emisores fraudulentos. El instrumento es el mismo hace 12 años, solo que las autoridades han puesto más o menos ímpetu en determinados momentos en la persecución, además de dar más espacio al derecho administrativo sancionador, lo que nos preocupa sobremanera, puesto que no existen las garantías de un debido proceso, como sí se observan en un juicio penal.

En la dirección equivocada

Como gremio, rechazamos con firmeza la emisión fraudulenta de licencias médicas. Sin embargo, creemos que los organismos fiscalizadores están yendo en la dirección equivocada. La Compin y la Suseso han intensificado la revisión de licencias médicas, exigiendo informes en plazos extremadamente cortos y con formatos engorrosos.

No obstante, los fraudes detectados no se han descubierto gracias a la solicitud masiva de informes médicos, sino a través de herramientas informáticas y cruces de información entre distintas entidades. Aun así, la fiscalización se ha traducido en una carga excesiva para los médicos que trabajan de manera ética y, lo más preocupante, en una barrera para los pacientes que necesitan reposo médico.

Por otro lado, se ha insistido en que el gasto en licencias médicas está fuera de control. Esto es falso. El Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL) representa solo el 15% del presupuesto de FONASA, muy lejos de ser el gasto principal del sistema de salud.

Durante la pandemia, el gasto en SIL alcanzó su punto más alto, pero hoy las licencias médicas se han reducido en un 20% en comparación con 2022. Esto demuestra que no hay una crisis de gasto, sino un proceso de normalización tras la emergencia sanitaria.

En lugar de seguir recargando administrativamente a los médicos, la solución pasa por mejorar la estructura del documento de licencia médica. Si al momento de la emisión se solicitaran todos los datos clínicos necesarios, se evitaría la solicitud posterior de informes y, con ello, el desgaste innecesario de los profesionales de la salud.

A esto se suma otro problema grave: la suplantación de identidad y falsificación de licencias médicas. Hackeos y mafias organizadas han permitido la emisión fraudulenta de licencias sin un control adecuado del Estado. Los médicos no pueden ser responsabilizados por fallas en los sistemas de seguridad.

Criterios de fiscalización justos

Por último, no podemos ignorar el conflicto de interés de las Isapres. Sabemos que muchas de sus querellas contra médicos no buscan realmente sancionar el fraude, sino reducir el gasto en licencias médicas, sin considerar el impacto que esto tiene en los pacientes.

Ante este panorama, como Colegio Médico estamos tomando medidas concretas para enfrentar esta crisis de fiscalización. Nos reuniremos con la Compin y la Suseso, para solicitar que se fijen criterios de fiscalización más justos y para levantar las fallas del sistema, incluyendo problemas en las plataformas digitales y la insuficiencia de recursos en los organismos fiscalizadores.

No nos quedaremos de brazos cruzados. Seguiremos luchando por criterios de fiscalización justos y por la protección de nuestros colegas y sus pacientes.