Quiénes ganan cuando la institucionalidad se pierde

Mucho ha cambiado nuestra institucionalidad ambiental desde que, en 1990, se creara la Secretaría Técnica y Administrativa de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Bienes Nacionales.

La evolución de la institucionalidad ambiental en Chile

Para resumir la historia, tras crear la secretaría técnica, en 1993 el presidente Patricio Aylwin envió al Congreso el proyecto para la discusión de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y la creación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), algo que implicó un enorme avance para la época, al establecer límites y exigencias claras al desarrollo de proyectos en el país, y que marcaría los lineamientos futuros de la institucionalidad en la materia.

Casi 20 años después, bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet (en 2010), se generó una estructura que posibilite esta institucionalidad, al crear el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y, poco más tarde, los Tribunales Ambientales (que recién comenzarían a funcionar desde 2013), las piedras angulares de la gobernanza ambiental hoy.

Sin embargo, su diseño no solo persiguió normar, establecer exigencias y estándares ambientales bajo los cuales distintos proyectos se desarrollan en el país, sino que este sistema está pensado para la aprobación de proyectos, algo que ha quedado demostrado tanto en su orgánica como en datos concretos de su operación: la evaluación ambiental asume que los impactos negativos pueden ser reparados, mitigados o compensados, sin cuestionar necesariamente la idoneidad o pertinencia territorial en la realización de un determinado proyecto. De hecho, según datos del propio Servicio, en 2023 se aprobó el 92,7% de los proyectos presentados en las diferentes Comisiones de Evaluación Ambiental.

Pese a ello, en el último tiempo hemos sido testigos de las enormes críticas que esta gobernanza ambiental -catalogada por muchos como “pionera” y “adelantada en la región, en su momento- ha recibido; la nueva forma de hacer política (aquella obsesionada por los “clicks”, “likes” y los 15 minutos de fama por una frase destemplada) nos está llevando a un riesgoso escenario, donde nuestra institucionalidad, aquello que debemos cuidar para poder garantizar una vida en armonía y libertad, está en el blanco de todos los dardos.

Críticas y desafíos de la institucionalidad ambiental en Chile

Cuando el Ejecutivo anunció la presentación de un proyecto de ley que, precisamente, buscaba fortalecer y modernizar la institucionalidad ambiental, a la vez que mejorar su eficiencia, parecía una buena noticia: finalmente, este marco legal podría ser actualizado para dar solución a los desafíos actuales, responder con más y mejores herramientas a la triple crisis ambiental o generar mayor y mejor participación ciudadana en la evaluación de proyectos de inversión (haciendo más presente las opiniones y voluntades de las comunidades), algo que no solo es necesario, sino que además se ha comprobado que reduciría la conflictividad de los proyectos y, con ello, los tiempos de tramitación de los mismos.

Sin ir más lejos, una investigación elaborada por el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica constató que los proyectos con más complejidades sociales o ambientales son los que registran mayores demoras en sus permisos. Los autores concluyeron que, por esta razón, una modificación al SEIA debiese considerar la mejora de los estándares de participación ciudadana y relacionamiento comunitario, para garantizar un mayor éxito de los proyectos de inversión y una mejor recepción de los territorios.

Sin embargo, ninguno de estos desafíos está siendo abordado por el proyecto de ley en tramitación y, particularmente, se está perdiendo la oportunidad de mejorar las brechas sobre participación ciudadana. Pareciera que la presión ejercida, por una parte, de la sociedad ha logrado desviar la atención de lo más importante y del objetivo central de esta discusión: lejos de avanzar hacia un fortalecimiento y modernización de la institucionalidad, lo que estamos haciendo es debilitarla y dejarla propensa al incumplimiento.

Reflexión final: ¿Quién gana cuando las instituciones caen?

Sabemos de sobra que la crítica insensata a nuestras instituciones y su ulterior debilitamiento, irrevocablemente nos conducen hacia un Estado fallido. Lo hemos visto una y otra vez en la historia moderna de nuestras democracias. Es por eso que cuesta tanto comprender bajo qué agenda operan ciertos sectores de nuestra sociedad: ¿es que realmente quieren convertirnos en un país inestable para lograr vender un par de libras más del mineral extraído o del salmón cultivado? ¿Es (como suele ser) la eterna codicia lo que los lleva a empeñar nuestra soberanía, el respeto a nuestras instituciones y el propio funcionamiento de nuestra democracia?

Este sector de la sociedad que critica al fiscalizador por fiscalizar, a la ley por regular o a las instituciones por hacer lo que deben hacer, también reprocha el proceder de la sociedad civil por cumplir con nuestra misión, cuestionando nuestras motivaciones e instalando dudas sobre todo quien se atreva a analizar su accionar o develar sus infracciones.

Sin duda, necesitamos robustecer nuestras normativas e institucionalidad ambiental, pero debemos hacerlo sin prestar atención a los discursos desmedidos de este sector, que solo busca su beneficio personal y no el bien común.

Es clave entender que el fortalecimiento de nuestra institucionalidad ambiental, el debido cumplimiento de la legislación vigente y la mejora de los estándares de evaluación ambiental no solo reportan beneficios concretos respecto de la conservación de la naturaleza y la protección de las comunidades, sino que también son imprescindibles para el éxito y la sostenibilidad futura de los propios proyectos de inversión, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de triple crisis en el que hoy vivimos y los riesgos que enfrentan estas inversiones si este no se considera (basta ver lo que ocurrió con los socavones de Viña del Mar y el edificio Kandisnky).

En el marco del inicio de un nuevo año legislativo, y en medio de la tramitación de la reforma a la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, los invito a reflexionar profundamente sobre este tema y a preguntarse quién gana cuando las instituciones caen.