Nueva regulación de licencias médicas: más trabas para los pacientes, más poder para las aseguradoras

Recientemente, concluyó la discusión parlamentaria sobre la modificación de la ley que regula la emisión de licencias médicas (Ley 20.585 y su actualización publicada en el Boletín 14845-11). El debate se centró en el impacto del volumen de licencias fraudulentas, emitidas por menos del 1% de los profesionales, lo que ha generado un gasto superior a 440 mil millones de pesos para el sistema de salud público y privado. Esta cifra equivale a aproximadamente 5 de los 7 puntos de cotización obligatoria en Fonasa y cerca del 3% en las isapres.

Hemos observado con sorpresa que, en lugar de implementar modelos efectivos de persecución y sanción contra las mafias dedicadas a la emisión fraudulenta de licencias médicas, se han impuesto medidas que restringen la facultad de los médicos para otorgar el reposo laboral adecuado ante una enfermedad. Esta legislación podría generar diversos efectos.

Efectos para los pacientes:

1. Disminución del estándar para que entes administrativos califiquen de “ausencia de fundamento médico” para un reposo laboral entregado por un o una profesional, considerando que este concepto debe ser únicamente dictado por otro profesional calificado de la medicina y de la misma especialidad. Esto va a implicar reducciones y rechazos de licencias médicas legítimas y en el mejor de los casos, retrasos en los pagos de los subsidios de incapacidad laboral.

2. Es el contralor de una institución de salud previsional quien define, bajo su criterio o basándose en protocolos de la propia institución, el número de días correspondientes para una determinada patología, de acuerdo a esto el contralor de la institución puede reducir o rechazar una licencia médica por “ausencia de fundamento médico”. A su vez, el afiliado/paciente podrá denunciar por la medida ante la ISAPRE respectiva, a fin de que esta realice una investigación de los hechos denunciados, debiendo tener a la vista los antecedentes, exámenes y evaluación presencial de la o el paciente. Es decir, se denuncia a la empresa ante la misma empresa.

3. Dadas las atribuciones administrativas impuestas, es posible esperar plazos más largos en el pago de los subsidios de incapacidad laboral.

Efectos para los profesionales emisores:

1. Se faculta a las aseguradoras y Fonasa para solicitar antecedentes que justifiquen el reposo, dando un plazo de diez días hábiles para el envío de los informes, se debe recordar que para estos informes se debe revisar la ficha clínica y el informe debe presentar el respaldo de exámenes y procedimientos. Para aquellas especialidades que indican reposo con frecuencia, el plazo parece insuficiente y se debe destinar tiempo para su confección, lo cual va a impactar en los tiempos de atención directa a pacientes.

2. Queda a discreción de la entidad administrativa la solicitud de informes y ante la posibilidad de retrasos dados los plazos acotados, el no cumplimiento de estos puede implicar sanciones, multas e inicio de procesos administrativos bajo la sospecha de licencia médica fraudulenta.

3. La Superintendencia de Seguridad Social mantendrá en su sitio web, un registro público de las sanciones aplicadas conforme al procedimiento establecido en esta ley, las que se incluirán a partir de la notificación; es decir, se publicará la identidad de las y los profesionales que se encuentren bajo un proceso administrativo y no luego de una sanción penal, como sucede en otros ámbitos de la sociedad.

4. Fijación de un plazo de hasta 5 años para investigar, facultando solicitar a los profesionales antecedentes de licencias otorgadas en ese plazo y sancionar en el mismo periodo, pese a que en muchas otras figuras penales el plazo es de hasta 6 meses y los tiempos de investigación para persecutores es de hasta 2 años.

En síntesis, se imponen un conjunto de medidas y sanciones sin garantía de un proceso justo, vulnerando el derecho al reposo de los pacientes, retrasando los procesos de pago de los subsidios de incapacidad laboral, entorpeciendo la práctica médica y favoreciendo a las empresas aseguradoras.

Como gremio consideramos que urge una discusión que incluya reformas estructurales del modelo de licencias médicas y subsidios de incapacidad laboral, enfocándose en la persecución y sanción de las mafias y los profesionales que extienden licencias médicas fraudulentas.

Consideramos que existe consenso con el Colegio Médico de Chile en la visión sobre esta reforma, lo que nos motiva a actuar como gremio unido. Por lo pronto, confirmamos nuestra disposición a participar en toda instancia de discusión sobre la materia.