Enviando corrección, espere un momento...
Es hora de dejar de entregarle mil oportunidades a los reincidentes de siempre y comenzar a exigir que las empresas respeten nuestra normativa con mayor rigor.
La legislación chilena contempla la figura del Programa de Cumplimiento (PDC), un instrumento que permite que aquellos titulares que han infringido la normativa ambiental puedan volver a cumplirla. Para ello, la Superintendencia de Medio Ambiente entrega un plazo para que el titular del proyecto en cuestión desarrolle una serie de acciones y metas para volver al cumplimiento de la normativa infringida y se haga cargo de los efectos generados por su infracción.
En el papel suena bien. Al entregar la oportunidad a los titulares de proyectos de resarcir los perjuicios que su acción u omisión puede haber provocado en los territorios, violando la normativa vigente y sus propios permisos para operar (las Resoluciones de Calificación Ambiental). Pero, ¿qué pasa cuando el titular o la industria a la que este pertenece es reincidente en estos problemas o cuando las medidas propuestas no son acordes a la reparación del daño causado?
La sobreproducción como modelo de negocio
Lamentablemente, la industria salmonera nos ha malacostumbrado a una serie de infracciones reiteradas, normalizando la gravedad de sus consecuencias, tanto a nivel medioambiental como social. Fugas masivas de salmones, contaminación del fondo marino, incorrecta disposición de productos tóxicos o sobreproducciones, son solo una pequeña muestra de las infracciones que con frecuencia descubrimos son perpetradas por esta industria.
Hace algunos días, la SMA aprobó un PDC para Australis por la sobreproducción de su Centro de Engorda de Salmones (CES) Muñoz Gamero 1. Cabe recordar que en octubre de 2022 la compañía, que hoy pertenece a la china Joyvio, se autodenunció ante la autoridad ambiental por la sobreproducción de más de 80 mil toneladas de salmones en 33 de sus centros entre 2018 y 2021, acto que inició una verdadera batalla legal que hoy tiene a Isidoro Quiroga -antiguo controlador de la empresa- imputado como autor de los delitos de estafa y de administración desleal reiterada, respecto de cada uno de los ciclos productivos de salmón en que incurrió la empresa de manera ilícita. Ante esto, la SMA acogió 31 de estas autodenuncias, excluyendo dos que ya estaban siendo investigadas por el fiscalizador: el CES Córdova 4 y el CES Muñoz Gamero 1.
Esta corresponde al segundo PDC evaluado por la autoridad respecto de las sobreproducciones de Australis, y sienta un terrible precedente para las siguientes a evaluar, sobre todo si consideramos que la industria salmonera ha demostrado en diversas oportunidades que estas sobreproducciones están interiorizadas -y, básicamente, institucionalizadas- en su modelo de negocios, reportándoles ganancias ilícitas por miles de millones de pesos.
A esta noticia, se suma la confirmación que realizó el Tercer Tribunal Ambiental de la sanción impuesta por la SMA a la empresa noruega Mowi, por el escape en 2018 de cerca de 690.000 ejemplares de salmónidos adultos desde el CES Punta Redonda, ubicado en la Región de Los Lagos.
Precedente de impunidad en la industria salmonera
Cabe destacar que, en Chile, entre 2010 y 2017 se registraron 87 eventos de escape, con la fuga de aproximadamente 3,5 millones de salmones. A modo de referencia, en Noruega -el mayor productor de salmones del mundo- entre 2011 y 2021 se reportó el escape de aproximadamente 1,73 millones de salmones de cultivo, lo que nos indica una actitud mucho más laxa en las empresas que operan en nuestro país que debiese ser corregida.
La aprobación del programa de cumplimiento de Australis y la decisión de solo multar a Mowi por su desastroso escape de salmones, no solo nos provocan una profunda decepción, sino que ponen el precedente de la impunidad: en Chile, las empresas pueden causar daños irreparables en las comunidades y en los territorios (incluso al interior de áreas protegidas) una y otra vez sin ser proporcionalmente sancionadas por ello.
Este enfoque correctivo -que en varias ocasiones la superintendenta Marie Claude Plumer ha explicado con orgullo- no se condice con la realidad que enfrentamos en nuestro país. Las empresas reiteradamente incurren en faltas de extrema gravedad y se aprovechan de esta inacción y de que la máxima autoridad en la materia solo les “recomienda” no volver a hacerlo.
Es hora de dejar de entregarle mil oportunidades a los reincidentes de siempre y comenzar a exigir que las empresas respeten nuestra normativa con mayor rigor, y la única forma de hacerlo es a través de sanciones ejemplificadoras y más eficientes.
