¿Por qué no me hago el test de drogas?

Este miércoles se hizo público que la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados me impuso una sanción del 15% de mi dieta parlamentaria por no someterme al test de drogas obligatorio. Esta medida se enmarca en el reglamento interno de la Cámara, que establece la realización de tests de drogas de manera aleatoria y semestral para todos los diputados.

Frente a la forma en que los medios han recogido esta información, me parece relevante aclarar el por qué de mi postura, y el verdadero contexto en que ella se da.

¿Por qué no me hago el test de drogas?

Primero, hay que considerar qué plantea el reglamento, y luego cómo se ha implementado, ya que en ambos aspectos hay errores importantes. Por otra parte, lejos de los disímiles propósitos que la iniciativa dice perseguir, considero que la postura que algunos hemos manifestado frente a este reglamento, ha sido utilizada por otros con fines políticos, para estigmatizarnos y desacreditarnos, afectando nuestra dignidad y exponiéndonos a escarnios públicos.

Algunos aspectos del reglamento:

Artículo 1.- Este Reglamento regula la prevención del consumo indebido de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas y establece la realización periódica de controles a las diputadas y los diputados en ejercicio, con el objeto de elevar los estándares de transparencia en la labor parlamentaria, junto con evitar la comisión de delitos del narcotráfico u otros relacionados a éstos, y cualquier relación entre esta Cámara y las redes del narcotráfico que existan en el país. Los controles se verificarán con la realización de exámenes aleatorios, cuyos resultados serán públicos, mediante un procedimiento que siempre resguardará la dignidad de los parlamentarios, la imparcialidad del control y la confiabilidad de los resultados.

Ya en la redacción de este artículo, vemos la falta de rigor en el uso de conceptos, careciendo de lógica la forma en que se vincula uno con otro. Veamos:

Se comienza hablando de regular la prevención del consumo indebido de sustancias. A la fecha no ha existido ninguna acción en esa línea, ni siquiera una charla básica sobre prevención. Por otra parte, es del todo correcto pesquisar el consumo indebido de sustancias, para así brindar orientación y ayuda sanitaria, pero existe también el uso responsable de sustancias y el uso lícito de las mismas. Y ningún test o examen puede, en sí mismo, determinar de qué tipo de consumo se trata, pues son otras las herramientas para ello, incluida una evaluación clínica propiamente tal. Por lo tanto, ya aquí se plantea una herramienta insuficiente para lo que busca pesquisar.

También es bueno recordar que en Chile no está penalizado el consumo privado de sustancias, sino el consumo en lugares públicos, que es una falta, y el tráfico, que es un delito.

Luego, mezclar estándares de transparencia, con la evitación de delitos del narcotráfico con un test de drogas, solo habla de la falta de expertise de los impulsores de esta norma. En el caso de cannabis por ejemplo, ser usuario, medicinal o no, nada tiene que ver con el tráfico, más aún cuando se ejerce el derecho al autocultivo, lícito en Chile tanto para uso medicinal como personal. Así lo reafirmó el Tribunal Constitucional en su fallo de mayo del 2023. Sin embargo, he escuchado a periodistas, incluso algunos bien informados en general, afirmar que el cultivo personal de cannabis está prohibido en Chile, lo cual es errado.

Si lo que de verdad se busca es determinar si hay vínculos entre parlamentarios y las redes de narcotráfico, eso se hace siguiendo la ruta del dinero. Es por eso que presenté una indicación durante la tramitación del reglamento en la Comisión de Constitución para que, al salir sorteados para el examen, los diputados abran sus cuentas bancarias, independiente de si da positivo o negativo, o de no habérselo realizado, como es mi caso. Y quienes votaron en contra son, precisamente, los que hoy me hostigan y persiguen, intentando dañar mi honra, como el diputado Coloma. Seamos serios.

Artículo 3.-
La Cámara de Diputados establecerá por escrito una política general de prevención y rehabilitación que permita prevenir el consumo indebido de sustancias o drogas estupefacientes, psicotrópicas y alcohol, y un plan de actividades de prevención para todas las personas que laboran en la Corporación. Para tal efecto, la Comisión de Régimen Interno y Administración podrá establecer un convenio de colaboración y solicitar la asesoría técnica del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol(SENDA).

Nuevamente, nada de esto ha ocurrido. Es de público conocimiento que las estrategias preventivas comienzan con la educación e implementación de dispositivos para tal fin, y luego, se evalúa su eficacia, siempre desde una perspectiva de salud. Eventualmente, en esa evaluación podría considerarse un test. Pero insisto, un test nada dice sobre el tipo de consumo.

Como vemos, la redacción y la aplicación de este reglamento ha tenido profundas falencias y se ha basado también en falacias.

Artículo 4.-
Las diputadas y los diputados deberán someterse semestralmente a un control de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales…..El control se aplicará en forma reservada y resguardará su dignidad e intimidad y se observarán las prescripciones de la ley Nº 19. 62 8, sobre protección de la vida privada, o el texto que la reemplace.

Nada de esto se ha cumplido. Se han hecho públicos los nombres de los diputados que arrojaron positivo a los test, vulnerando los derechos que mantienen como pacientes, independiente del cargo que ejercen. Los resultados son filtrados antes de que sean comunicados por los canales oficiales a los mismos implicados.

Sin ir más lejos, un diputado arrojó positivo al test, se hizo público su caso, a pesar de ser para un uso médico y sufrió una serie de acciones de escarnio público, incluida su salida como presidente de la Comisión de Ética y una querella en su contra, la que posteriormente se desestimó. Se han vulnerado ampliamente la ley 19.628 y la ley 21.584.

Artículo 6.-
Facilitar que los seleccionados declaren, antes de someterse al examen de pelo, cualquier medicamento, respaldado con certificación médica, que pudiera afectar con un resultado positivo los controles a realizarse.

Es decir, ser usuario medicinal de cannabis no infringe el reglamento, solo hay que tener la correspondiente prescripción. El que ningún parlamentario que se sometió al examen de drogas haya infringido el reglamento no quiere decir que no dieran positivo a cannabis, sino que, quienes dieron positivo tenían su receta médica, como resulta ser el caso de un número no menor de parlamentarios. En mi caso, por cierto, tengo mi receta médica, actualizada cada 6 meses, y la Cámara lo sabe.

No me voy a realizar el test de drogas

Pero no es esa la razón para no someterme al exámen, de hecho, sería la opción más fácil: daría positivo a cannabis, lo que estaría justificado con mi prescripción, y yo no aparecería infringiendo el reglamento. Esto sin duda evitaría el escarnio público al que parlamentarios de oposición han querido someterme a mí y a otras parlamentarias, con el respaldo alegre de algunos medios de comunicación, sin abordar el tema con el rigor necesario.

Tengo receta médica, es de público conocimiento que soy usuaria de cannabis, y no estoy disponible a traicionar mis principios sometiéndome a un reglamento profundamente errado y mal implementado. El camino correcto no siempre es el más fácil.

Frente a las especulaciones en relación a que mi negativa a realizarme el test sería para ocultar el consumo de alguna sustancia distinta a cannabis, quiero señalar que, efectivamente, también he usado hongos psilocibes, prescritos médicamente, pero el test de drogas no incluye la psilocibina, por lo tanto, ese argumento carece de sentido.

No me voy a realizar el test mientras no sea correctamente aplicado y tenga suficientes garantías de transparencia y respeto a la privacidad que tiene todo paciente. No voy a cambiar mis convicciones sobre un reglamento mal planteado conceptualmente, que vulnera derechos y que ni siquiera se ha implementado respetando las leyes vigentes.

Mientras no se corrija este mal reglamento y su implementación, seguiré alzando la voz, no para protegerme a mí, si no porque, como experta en la materia y parlamentaria, tengo el deber de entregar información actualizada, basada en evidencia y que promueva un enfoque sensato en materia de política de drogas, en línea con las orientaciones de los organismos internacionales.

Quiero transformar la política de drogas de nuestro país

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, Tlaleng Mofokeng, presentó su cuarto informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que hace un llamado a las naciones del mundo para que abandonen la guerra contra las drogas y adopten estrategias de reducción de daños.

Imposible estar más de acuerdo. Urge reconocer el fracaso de la guerra a las drogas y el enfoque punitivista, dirección completamente contraria a la tomada por este controversial reglamento. Son las personas las que deben estar al centro de esta discusión.

Si en esta Cámara no somos capaces de proteger la dignidad y privacidad de sus integrantes con un reglamento basado en orientaciones rigurosas técnicamente y actualizadas, ¿qué señal le damos a tantos ciudadanos honrados que han sido injustamente estigmatizados y perseguidos sólo por ser usuarios de una sustancia distinta a aquella que más daño genera al individuo y a la sociedad, como resulta ser el alcohol, a pesar de estar regulada?

Quiero recordar que desde un principio, por la mala forma en que venía presentado este proyecto que establece el reglamento, voté en contra. Conozco sobre política de drogas, conozco las falacias que existen en la discusión y los errores gravísimos que trae este control. No seré cómplice.

Mi compromiso sigue intacto para seguir transformando la política de drogas de nuestro país, girando hacia la sensatez y la compasión, incorporando la perspectiva de gestión de riesgos y reducción de daños, tal como lo está comenzando a hacer Senda durante esta administración.

Seguiremos trabajando para que se cumpla la promesa del presidente Boric, “terminar con la criminalización de los usuarios de cannabis”. No solo de los pacientes, si no de todos los usuarios. Regulación por La Paz es el norte.

Reglamento sobre control de consumo de drogas en diputados y diputadas: