Los peligros de cogobernar con la derecha

Más allá de ser un mero desacuerdo técnico en materia fiscal, lo ocurrido en la tramitación presupuestaria es un síntoma de un problema mayor: la derecha no solo actúa como oposición, sino que está logrando imponer su visión, utilizando el Congreso como un mecanismo para limitar las facultades del Ejecutivo, y empujar al país hacia políticas de austeridad que contradicen las promesas de cambio social y justicia que sustentaron la elección de Boric.

En el corazón de esta disputa está el choque entre dos visiones diametralmente opuestas sobre el rol del Estado.

Por un lado, el gobierno busca consolidar al Estado como garante de derechos sociales y promotor del bienestar colectivo, fortaleciendo áreas críticas como la educación pública, los derechos humanos, la igualdad de género y el desarrollo de los pueblos originarios.

Por el otro, la derecha insiste en una política fiscal de austeridad que prioriza el ahorro por sobre las necesidades sociales y busca desmantelar instituciones y avances logrados en períodos anteriores.

El cogobierno de facto

En la reciente discusión del presupuesto, esta visión regresiva se impuso mediante el llamado Acuerdo Marco, que rebajó en USD 550 millones el gasto público previsto. Además, la derecha utilizó su mayoría en el Congreso para imponer glosas que limitan la capacidad del Ejecutivo de manejar políticas fiscales, como la obligación de obtener autorización parlamentaria para el retiro de fondos soberanos por sobre el 0,3% del PIB y la imposición de un ahorro forzado vía inyección de recursos al Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES).

Esto constituye una extralimitación del Congreso que, en la práctica, transforma al Legislativo en un cogobernante en materia económica, desdibujando las atribuciones exclusivas del Ejecutivo.

Permitir que la derecha dicte las reglas del juego fiscal no es solo una concesión táctica; es una renuncia estratégica. Este cogobierno de facto ata de manos la capacidad de respuesta del Ejecutivo ante emergencias y necesidades sociales. Las restricciones fiscales impuestas, especialmente en áreas sensibles como el empleo público, no solo debilitan el aparato estatal, sino que también aumentan el riesgo de crisis sociales y malestar, lo que podría ser explotado por la oposición de cara a las próximas elecciones.

Del progreso al retroceso

La derecha no se conforma con contener el gasto público, sino que también busca desmantelar los avances alcanzados durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, un período que marcó hitos como el fin del sistema binominal, la eliminación de la selección escolar, el inicio del proceso de desmunicipalización de la educación pública y la reforma tributaria que aumentó los impuestos a las grandes empresas.

Hoy, la derecha trabaja activamente para revertir estos logros, con propuestas que intentan reintroducir mecanismos de selección en la educación, bloquear la desmunicipalización y cuestionar los impuestos progresivos que financian políticas sociales esenciales.

La estrategia de la derecha abre la puerta a un modelo de gobernanza más cercano al viejo sistema binominal, donde este sector lograba mantener un control desproporcionado sobre las decisiones del país, incluso sin el respaldo mayoritario de la ciudadanía.

Permitir este tipo de avances de la derecha no solo pone en jaque al gobierno de Boric, sino que amenaza con socavar los cimientos del mandato popular. La ciudadanía eligió un gobierno que prometió transformaciones, no un retroceso a las lógicas del pasado. Cada concesión que se haga bajo la premisa de evitar bloqueos legislativos o avanzar en acuerdos parciales con la derecha, debe ser evaluada con extrema cautela, porque los costos políticos y sociales pueden ser irreparables.

Cómo la derecha impone su visión

Un ejemplo claro del peligro de ceder en esta lógica de cogobierno es la posible legislación en torno al impuesto a la renta. Avanzar en este proyecto, sin tener los votos necesarios en el Congreso, es una estrategia políticamente inviable y peligrosa.

Tal como ocurrió con la Ley de Presupuestos, la derecha no dudará en desvirtuar la propuesta e imponer sus condiciones, lo que podría llevar a un resultado regresivo que contradiga los principios del gobierno. En este contexto, el error no sería solo táctico, sino ético, porque legitima un modelo de negociación en el cual la derecha actúa como cogobernante, pese a no tener el mandato popular para ello.

El gobierno de Gabriel Boric enfrenta un dilema que trasciende lo inmediato. ¿Se gobernará para cumplir el mandato popular, enfrentando los costos que eso implique, o se cederá progresivamente a una derecha que no busca acuerdos genuinos, sino la imposición de su visión? La respuesta a esta pregunta definirá no solo el futuro de este gobierno, sino también la viabilidad de las fuerzas progresistas en Chile.