Las familias chilenas son testigos de cómo estas instituciones son corrompidas por una élite que se beneficia de sus privilegios. La derecha puede victimizarse, pero lo que realmente debe hacer es dar explicaciones al país.
El sueldo de Marcela Cubillos, 17 millones de pesos mensuales, equivale a 34 sueldos mínimos en Chile. Esta cifra supera lo que ganan académicos, rectores de universidades estatales, e incluso algunos profesores de las prestigiosas universidades de la Ivy League en Estados Unidos.
Lo más alarmante es la falta de evidencia de publicaciones académicas que justifiquen tal salario. La situación ha provocado que la Superintendencia de Educación Superior solicite a la Universidad San Sebastián (USS) un informe para esclarecer las razones detrás de este abultado sueldo.
Esto ha suscitado sospechas de lucro o financiamiento irregular de la política, una práctica prohibida para universidades que reciben fondos públicos en Chile.
Universidad San Sebastián: Salarios financiados con el endeudamiento
La USS es especialmente relevante en este contexto. Hace pocos meses, su rector se opuso a la eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE), argumentando que esta medida perjudicaría a los más pobres. Sin embargo, es paradójico que una universidad cuya principal fuente de ingresos proviene del CAE critique una reforma que afectaría a sus propias finanzas. De hecho, la USS es la segunda institución de educación superior con mayor porcentaje de estudiantes financiados por CAE en todo Chile.
Cuando hablamos de universidades privadas, no estamos ante empresas que pueden manejar sus recursos a su antojo. La USS maneja fondos públicos. En 2023, recibió alrededor de 100.000 millones de pesos en becas fiscales y CAE, lo que representa un 45,5% de sus ingresos totales. La dependencia de la USS en el financiamiento público es evidente: un 55,8% de sus estudiantes financian sus estudios con CAE y su matrícula ha aumentado un 64% en la última década. En este contexto, es inevitable cuestionar cómo se distribuyen estos fondos y cómo salarios como el de Cubillos son financiados por el endeudamiento de miles de estudiantes.
Además, la conexión entre la Universidad San Sebastián y figuras políticas del gobierno del expresidente Piñera es llamativa. La diputada RN Ximena Ossandón afirmó que “cualquier persona que quedaba dando vueltas terminaba en la USS”, refiriéndose al alto número de excolaboradores de Piñera que hoy ocupan cargos en esa universidad.
La lista es extensa e incluye nombres como Rodrigo Ubilla (RN, ex subsecretario de Interior), Juan José Ossa (RN, ex ministro Segpres), Enrique Paris (ex ministro de Salud), Rodrigo Álvarez (UDI, ex ministro de Energía), Arturo Zúñiga (UDI, ex subsecretario de Redes Asistenciales), María Teresa Valenzuela (ex subsecretaria de Salud Pública), Julio Isamit (ex ministro de Bienes Nacionales), María Emilia Undurraga (Evópoli, ex ministra de Agricultura), Alejandro Weber (ex subsecretario de Hacienda), entre otros.
A esta larga lista se suman las recientes renuncias de Andrés Chadwick (UDI, ex ministro del Interior), Felipe Ward (UDI, ex ministro de Vivienda) y Sebastián Sichel (ex ministro de Desarrollo Social). Es difícil ignorar que gran parte del gabinete de Piñera ha encontrado un lugar en la USS, lo que sugiere una estructura destinada a canalizar recursos públicos hacia el financiamiento político de la derecha.
No estamos hablando solo de educación
No son situaciones aisladas ni aristas judiciales de un caso. Estamos en presencia de una red de poder que opera desde la derecha y que traspasa las instituciones. No es solo una universidad que paga sueldos excepcionalmente millonarios con plata de todos los chilenos. No es solo de tráfico de influencias en el nombramiento de los jueces. No se trata solo de empresarios que evaden impuestos o no pagan los que corresponde.
De lo que estamos hablando es de cómo una misma red de poder ha expandido su influencia en el aparato estatal, los negocios, la educación y el sistema judicial, gracias a una circulación poco transparente –casi fraudulenta– de recursos públicos. Las familias chilenas son testigos de cómo estas instituciones son corrompidas por una élite que se beneficia de sus privilegios.
La derecha puede victimizarse, pero lo que realmente debe hacer es dar explicaciones al país.
