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Se plantea la duda de si estos puestos responden a un interés genuino de las instituciones por su expertise o si, más bien, se trata de una forma disfrazada de mantener lazos de lealtad y apoyo político-financiero.
En los últimos días, el debate público en Chile se ha visto intensamente agitado por la controversia en torno al salario de la exministra Marcela Cubillos en una reconocida universidad privada. Más allá de la discusión sobre la pertinencia o no de las altas remuneraciones en el ámbito académico -cuestión que la opinión pública espera sea debidamente investigada por la Superintendencia de Educación Superior y aclarada por la propia institución de educación superior- este caso ha desatado una serie de sospechas sobre posibles nuevos mecanismos encubiertos para financiar políticamente a figuras relevantes.
Este fenómeno, que no es exclusivo de Chile, se suma a la larga lista de prácticas cuestionables que, bajo un manto de legalidad, abren interrogantes sobre la transparencia y probidad en la relación entre el poder político y el mundo privado.
Las alianzas pesan más que la verdadera capacidad y mérito
La situación conocida en relación con las altas y sobre todo inexplicables remuneraciones percibidas por Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián ha sido objeto de una amplia cobertura mediática y un acalorado debate en redes sociales. Las críticas se han centrado en los altos sueldos pagados en dicha institución universitaria, especialmente cuando estos parecen estar más alineados con agendas políticas que con competencias académicas objetivas.
En un contexto donde la confianza en las instituciones está en niveles históricamente bajos, este tipo de situaciones no hace más que fortalecer la percepción de que la política se ha vuelto un espacio donde las apariencias y las alianzas pesan más que la verdadera capacidad y mérito.
Financiamiento de la política
Históricamente, la política chilena ha enfrentado problemas serios de financiamiento. La necesidad de recursos para campañas electorales, mantenimiento de redes y financiamiento de operaciones partidarias ha llevado, en ocasiones, a los partidos y a sus líderes a buscar alternativas que muchas veces bordean la legalidad o la ética. Los casos de financiamiento irregular en los últimos años, como Penta, SQM y otros, dejaron en evidencia un sistema vulnerable y permisivo, donde la relación entre el dinero y la política se ha tejido de formas complejas y poco transparentes.
Ante el endurecimiento de la legislación y la mayor fiscalización, surge la sospecha de que los actores políticos buscan nuevos mecanismos, más sutiles y menos evidentes, para mantener sus estructuras operativas. Aquí es donde entra en juego la contratación de políticos en instituciones privadas, no solo universidades, sino también en fundaciones, organismos internacionales, consultoras y otras entidades, como una vía alternativa y aparentemente legítima de financiamiento.
Marcela Cubillos, el rol de las universidades y las lealtades
El caso de Cubillos ha despertado suspicacias no solo por el monto de su remuneración, sino también por el momento y contexto de su contratación. A medida que figuras políticas pasan a desempeñarse en roles académicos o consultivos en el sector privado, se plantea la duda de si estos puestos responden a un interés genuino de las instituciones por su expertise o si, más bien, se trata de una forma disfrazada de mantener lazos de lealtad y apoyo político-financiero.
La falta de claridad sobre los criterios de contratación y la ausencia de controles efectivos en estas relaciones laborales, dejan espacio para que la ciudadanía cuestione la independencia y la ética detrás de estos acuerdos. En una democracia que se precia de transparente, es fundamental garantizar que no existan zonas grises donde los intereses políticos puedan camuflarse bajo aparentes roles profesionales.
Las universidades, ¿actores políticos o académicos?
Este fenómeno plantea también un desafío mayor para las propias instituciones privadas, que ven deteriorada su imagen y credibilidad. Las universidades, que deberían ser espacios de generación de conocimiento y debate libre, corren el riesgo de ser percibidas como actores políticos más que académicos, erosionando su rol social y su misión educativa.
Es urgente que se fortalezcan los mecanismos de control y transparencia en las contrataciones dentro del sector privado, especialmente cuando se trata de figuras con una notoria trayectoria política. Además, la discusión debe avanzar hacia un consenso sobre la necesidad de desvincular, en la medida de lo posible, los espacios de influencia política del ámbito privado, para evitar que los ciudadanos sientan que estos cargos se convierten en nuevas formas de prebendas o financiamiento encubierto.
El debate sobre los sueldos en las instituciones de educación superior públicas y privadas, ejemplificado en el caso de Marcela Cubillos, no es solo una cuestión salarial, de credenciales académicas y profesionales o de cumplimiento formal de contratos. Es una señal de alerta sobre cómo la política sigue buscando formas de financiarse, adaptándose a un entorno de mayor fiscalización y desconfianza pública.
Para avanzar hacia una democracia más robusta y transparente, es imprescindible que estas prácticas sean revisadas y reguladas, garantizando que la relación entre el poder y el dinero sea siempre a la vista de todos y bajo criterios de total probidad.
