En este escenario cabe peguntarse si el proyecto cumplirá su meta de recaudación o estaremos ante otra reforma tributaria fracasada, cuyos efectos negativos lo sufrirán con más fuerza, esta vez pymes y emprendedores.
Las indicaciones ingresadas al proyecto de cumplimiento tributario olvidaron puntos esenciales en cuanto a establecer reglas claras, simples y justas para todos los contribuyentes, sin atacar frontal al gran forado de la recaudación fiscal: la economía sumergida.
Es más, olvidaron nuevamente a las pymes, las que se ven arrastradas a un sistema más complejo, que no facilita el cumplimiento tributario y en donde las mayores facultades al Servicio de Impuestos Internos no se ven equilibradas con el fortalecimiento de sus derechos como contribuyentes.
En efecto, el proyecto que se discute en el Senado y que pretende recaudar 1,5% del PIB no constituye un legado para las Pymes; el sector no estuvo presente en la mesa técnica que propuso las indicaciones a un proyecto de cumplimiento tributario que contenía medidas en contra de generar certezas y favorecer el cumplimiento fiscal en un entorno que genere confianza en el sistema tributario y promueva la recaudación fiscal estancada en la última década.
La mesa técnica y las indicaciones, ingresadas un día antes del vencimiento de su mandato, dejan un sabor amargo en el sector mayoritario de contribuyentes en el país. Luego de ingresadas las indicaciones, los gremios Pymes, con el apoyo técnico del Colegio de Contadores, hicieron ver a la opinión pública una serie de puntos que demuestran que no estamos en presencia de un proyecto pro-pyme, destacando en la declaración pública conjunta “Legislando para el 1% de contribuyentes con mayores recursos del país”, donde destacan los siguientes puntos:
1. Denunciante anónimo: apunta más allá del delito tributario y rompe el principio de la buena fe.
2. Regímenes especiales para Pymes: se mantiene la aplicación de la NGA, generando un manto de incertidumbre a la legítima opción de contribuyentes de optar por regímenes especiales para pymes, cuestión que atenta contra la promoción de un incentivo establecido por ley destinado a potenciar el sector.
3. Normas de relación: La presidenta Bachelet estableció las normas especiales de relación, que sí, son objetivas, pero se pretende incorporar nuevos requisitos subjetivos a interpretación del SII.
4. Burocratización bancaria: La indicación al Art.89 (Pág.11), esto es, exigir un certificado de situación tributaria al día para que las pymes puedan actuar con los bancos, es impracticable y destructiva. Debiera bastar con la iniciación de actividades.
Va en el sentido contario de facilitar el acceso a financiamiento en pymes y emprendedores que incluso hoy se ven limitados a acceder a financiamiento por observaciones del SII a sus rentas, muchas veces de forma y no de fondo.
5. Multijurisdicción: Se justificó en las grandes empresas, pero se pretende aplicar a las Mipymes. Un contribuyente de Arica fiscalizado por un funcionario de Punta Arenas, cuando son realidades distintas; la fiscalización remota de SII aún está al debe, la multijurisdicción no garantiza procesos de fiscalización eficientes y de calidad de cara a los contribuyentes.
6. No se fortalecen los derechos del contribuyente en la misma medida que las mayores facultades que se entregan a SII. Se requiere incorporar el derecho a recibir un servicio eficiente y de calidad de parte de la autoridad fiscal, instaurar el derecho al error y el no pagar más que los impuestos correctos, junto con dar autonomía real a la DEDECON y dotarla de mayores recursos. Además, para ejercer real justicia tributaria es necesario la defensa judicial amplia de las pymes por parte de la DEDECON.
7. No se facilita el cumplimiento tributario. A pesar de la mayor complejidad del sistema y el aumento de regulaciones se sigue insistiendo en mantener la operación en abril de cada año, sin considerar las propuestas que irían en favor de los contribuyentes trasladando el proceso a junio, medida que tendría cero costos a nivel fiscal y evidenciaría avances en optimizar el proceso de cara al combate a la evasión
Finalmente, sin un nuevo informe financiero y un diagnóstico confiable y significativo de la evasión, la recaudación fiscal aún es una incógnita. El FMI redujo la estimación de recaudación a 1/3 del informe entregado y manteniendo la promesa de gastos permanentes sin ingresos adecuados, la deuda de Chile seguirá subiendo sin límites, con los problemas que ocasiona para la ciudadanía y los Mipymes de Chile.
En este escenario cabe peguntarse si el proyecto cumplirá su meta de recaudación o estaremos ante otra reforma tributaria fracasada, cuyos efectos negativos lo sufrirán con más fuerza, esta vez pymes y emprendedores.
