Los problemas generados por las recientes lluvias han vuelto a dejar en evidencia algo que todos sabemos, pero que preferimos olvidar cuando no estamos en medio de la emergencia: existe una notoria precariedad institucional en la provisión de los servicios sociales más básicos, fruto del modelo de Estado característico del orden político, económico y social vigente, que comenzó a implementarse en 1974.
Nos hemos acostumbrado a convivir con esta precariedad en una serie de aspectos muy significativos para nuestra vida individual, social y familiar, a pesar de los recurrentes lamentos que acompañan a los momentos de catástrofe y las eternas promesas de reformas estructurales.
Aunque esta dinámica cíclica –y algo cínica– debiera llamar seriamente nuestra atención, creo que lo realmente preocupante es cómo dicha precariedad institucional ha ido configurando determinadas relaciones de poder en la sociedad, caracterizadas por el debilitamiento sistemático de las instancias de construcción de ciudadanía, por la exclusión y la segregación social.
En efecto, este diseño institucional ha generado ciertos efectos en la sociedad que configuran, de manera dispar e injusta, las condiciones materiales de vida de la población.
Debilidad institucional e instituciones “sin dientes”
Las lluvias de los últimos días volvieron a interrumpir la provisión normal de importantes servicios públicos, especialmente el suministro de luz eléctrica. Son decenas de miles las personas y los hogares que se vieron afectados por esta interrupción, sin una respuesta satisfactoria por parte de la empresa privada proveedora del servicio.
Asimismo, hemos sido testigos, una vez más, de la debilidad estructural tanto de las instituciones públicas llamadas a fiscalizar a las empresas que prestan servicios públicos, como de aquellas llamadas a defender los derechos e intereses de las y los usuarios.
En un diseño de prestaciones sociales centrado en la –pretendida– protección de la libertad individual, tanto las superintendencias como el Sernac deberían tener la fuerza suficiente para contrarrestar los efectos negativos que la concentración del poder económico genera en nuestra sociedad. Sin embargo, dicha institucionalidad se caracteriza por la debilidad de sus facultades fiscalizadoras y, especialmente, sancionatorias.
Afirmar que se trata de instituciones “sin dientes” se ha vuelto un lugar común en el debate público. El problema radica en que su precario diseño no permite equilibrar las relaciones de poder entre, por ejemplo, Enel y sus usuarios, ni proteger efectivamente sus derechos. Por el contrario, esta precariedad contribuye a consolidar las asimetrías sociales propias de nuestra convivencia.
Un sesgo de clase que perjudica a los más vulnerables
Tanto esta precariedad institucional como el desequilibrio en las relaciones de poder que genera, tiene un sesgo de clase que perjudica a los sectores de menores ingresos del país.
La persistencia en el corte del suministro eléctrico da cuenta, por un lado, de que la infraestructura de las comunas afectadas presenta evidentes debilidades respecto de las comunas donde habitan las familias de mayores ingresos. Por el otro, evidencia las prioridades de la empresa privada para dar respuesta a la emergencia. La falta de previsión y de medidas preventivas es inexcusable, frente a fenómenos climáticos nada sorpresivos.
Se trata de un sesgo de clase funcional a la concentración del poder económico, por cuanto perpetúa la segregación social. La provisión de los servicios sociales todavía responde a la caracterización socioeconómica de la población, asignando recursos –públicos y privados– según las actuales jerarquías sociales, dificultando la cohesión social.
El caso ENEL
Prueba de ello es que la empresa privada no asume plenamente su responsabilidad, las instituciones carecen de la fuerza suficiente para fiscalizar y sancionar y, a pesar que miles de personas deben soportar la falta de luz eléctrica, la experiencia señala que las eventuales multas son simbólicas en proporción a las utilidades generadas por la prestación de este servicio público.
Sin embargo, el reciente anuncio del inicio de un procedimiento de caducidad de la concesión eléctrica puede ir en el sentido correcto, en orden a priorizar la defensa del interés general.
El hecho de que el Estado italiano sea el principal accionista de Enel da cuenta, a mi entender, que este no es un asunto ideológico que se mueva en el manido eje Estado/mercado. Por el contrario, se trata de un asunto de interés público, donde la institucionalidad nacional debe priorizar la efectiva y eficaz prestación del servicio, especialmente cuando se trata de bienes públicos y de actividades reguladas.
La cohesión social en el diseño de modelos de prestación de servicios sociales
Lamentablemente, el actual modelo de prestación de servicio sociales en clave neoliberal se reproduce en los ámbitos más sensibles de la vida en sociedad, en especial para el ejercicio de importantes derechos sociales, tales como salud, educación, vivienda y seguridad social.
El diseño de nuestro modelo de provisión de los servicios sociales debería tener otros objetivos: entre ellos, el equilibrio en las relaciones de poder social, en lugar de promover la concentración del poder económico; o bien, la garantía de un ejercicio universal de nuestros derechos, en lugar de su segregación social.
