Estas últimas semanas hemos visto cómo los anuncios del presidente en materia de seguridad han desatado una serie de comentarios. Como el caso de construir en la comuna de Santiago una cárcel de alta seguridad. Lo cierto es que más allá de la real necesidad de contar con más plazas para quienes cumplen penas en encierro, ni el anuncio ni el lugar del mismo resultan ser muy acertados.
Lo primero dado que ante un problema que requiere de medidas urgentes para detener hoy la escalada de homicidios y delitos violentos, un anuncio para el año 2030 carece de todo sentido de urgencia. Lo segundo debido a que la evidencia internacional demuestra el impacto negativo de mantener recintos penitenciarios en pleno radio urbano cívico en este caso.
Es cierto que se requiere de nuevas plazas en el sistema carcelario, y bien si se inicia un nuevo plan de construcciones tal como en el pasado impulsó Ricardo Lagos, pero también es cierto que mucho antes que eso, se requiere dar con aquellos hechores prolíficos -concentrados en no muchas bandas criminales, muchas de ellas extranjeras y asociadas a grupos internacionales criminales- identificarlos, detenerlos e incapacitarlos. En esta tarea la labor de inteligencia policial y de una persecución penal inteligente orientada por el análisis criminal cobra vital importancia.
Asimismo, se requiere que en el ámbito carcelario se logre implementar un sistema real de segregación, evitando los ya conocidos fenómenos de contagio criminológico.
Nuestro país, en años recientes ha hecho esfuerzos importantes por implementar sistemas de clasificación penitenciaria de punta, con instrumentos aplicados en países desarrollados como lo son el modelo Oasys y, en el caso de jóvenes infractores, el modelo Youth level of service (YLS).
La duda que surge es si tras la implementación de estas mejoras y cambios en los sistemas de clasificación o segmentación de acuerdo con los perfiles, ha habido cambios al interior de los penales en cuanto a menores niveles de conflictos y, en el exterior, en cuanto a mejoras en las posibilidades reales de reinserción (al evitar el contagio criminológico).
Se echa de menos que alguna autoridad alce la voz para explicar las mejoras que estos cambios han traíd. O si por el contrario ello no ha ocurrido. Y es que todas estas mejoras trajeron gastos de por medio, tanto en la adaptación de instrumentos, en los estudios realizados o en la capacitación del personal, por mencionar algunos.
Menos grandilocuencia y más efectividad en las medidas anunciadas
Diversos estudios e informes han puesto el acento en medidas que pueden ser hoy implementadas y no requieren de grandes esperas. No se entiende, por ejemplo, que no exista algún sistema de reconocimiento facial en las zonas de visita de los centros penitenciarios que permitan saber si quienes visitan a los reclusos cuentan con órdenes de detención pendiente. Lo que no sería descabellado de esperar, sobre todo si se considera que quienes se encuentran en encierro siguen operativos.
Otra medida que se extraña es el contar con una oferta programática al interior de los penales que aborde el factor “extranjero”. Solo en la región de Antofagasta, la población penitenciaria pasó de tener un porcentaje de internos extranjeros de 17% a 37% entre los años 2019 y 2024.
En materia de oferta programática, hay que considerar también aquellos delitos que han tenido un aumento considerable en últimos años como es el caso de delitos sexuales, lo que ha ocurrido en la misma región de Antofagasta, y frente a lo cual no se cuenta ni con la oferta ni con los cupos necesarios para enfrentar este fenómeno.
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