Nuestras instituciones no serán gobernadas por el crimen organizado.
En marzo de 2022, a inicios del mandato del Presidente Gabriel Boric, la Fiscalía descubrió la presencia de la organización criminal venezolana Los Gallegos en Cerro Chuño. Diecisiete miembros quedaron en prisión preventiva en la cárcel de Arica.
Sin embargo, Gendarmería solicitó al Juzgado de Garantía, el traslado de los imputados a otros recintos del país. El argumento: estos individuos “colisionaban peligrosamente con el respeto a la vida”, y los recintos regionales en los que estaban carecían de recursos logísticos y humanos adecuados para manejar internos de este tipo.
Esto puso en evidencia que nuestro sistema carcelario no estaba preparado para la nueva criminalidad organizada, pese a que organismos como el Ministerio Público venían advirtiendo de este fenómeno desde 2019. No había infraestructura ni reglamento, ni equipamiento para ello.
Las acciones del Gobierno frente al crimen organizado
El Presidente Boric decidió tomar cartas en el asunto. Instruyó acciones para reforzar el combate del crimen organizado, porque cada golpe que damos a la delincuencia nos permite dar un paso a un Chile más seguro.
En 2022, nuestro Gobierno aprobó la Política Nacional contra el Crimen Organizado, con una inversión de más de $27.000 millones, proporcionando por primera vez al Estado de Chile un marco de coordinación para combatir estas nuevas formas delictivas.
Parte crucial de esta iniciativa es mantener y profundizar el control del Estado sobre la población encarcelada. Así, implementamos un nuevo régimen de máxima seguridad para internos de alta peligrosidad, que limita su contacto con otros reclusos y con el exterior. Esto es crucial para impedir que estos criminales recluten a otras personas privadas de libertad, corrompan al personal de seguridad y dirijan actividades delictivas desde la cárcel.
En concreto: han aumentado de 42 mil a 56 mil los internos, para lo que hemos incrementado las plazas penitenciarias (que no aumentaban desde 2012), y a la fecha hemos duplicado los módulos de alta y máxima seguridad, pasando de 300 a 600 plazas, con un régimen de control eficaz, que tendrá 1.300 plazas para 2030.
Sistema penitenciaria y nueva cárcel de alta y máxima seguridad
Sumado a esto, esta semana el Presidente anunció la construcción de una nueva cárcel de alta y máxima seguridad, mediante una inversión aproximada de $90.000 millones, que permitirá adicionar otras 500 plazas de este tipo.
Además, desde 2022 hemos fortalecido el control del Estado sobre la población reclusa a través de estrategias de allanamientos sistemáticos, masivos y simultáneos. Se han realizado 41 operativos de este tipo en todas las cárceles del país, interviniendo a más de 30.000 personas privadas de libertad en un operativo nacional.
Gracias al despliegue de más de 1.000 funcionarios de Gendarmería por operativo, se han incautado más de 26.000 armas blancas y alrededor de 12.500 celulares que se manejaban al interior de las cárceles, además del decomiso de sustancias ilícitas.
Asimismo, se ha implementado un control perimetral efectivo y de alta tecnología, erradicando los asentamientos fuera de las cárceles, y agregamos sistemas antidrones e inhibición de señal de telefonía móvil.
Invertir para combatir
Estos operativos sin precedentes en Chile, demuestran de forma contundente y decidida que nuestras instituciones no serán gobernadas por el crimen organizado -que se ha ido acostumbrando a controlar las cárceles latinoamericanas-, porque el Estado de Chile tiene el control de sus cárceles.
El trabajo realizado envía una señal clara a la delincuencia y al crimen organizado: vamos a invertir para combatir, porque cada uno de estos recursos hace que el Estado democrático y la sociedad chilena avance en bienestar, libertad, justicia y seguridad, mientras el crimen retrocede. Desde 2023 a abril de este año, la PDI y Carabineros han desarticulado más de 2.000 bandas criminales, las que hoy tienen menos armas y menos poder.
Por eso, seguiremos combatiendo el crimen organizado, porque cada peso invertido en seguridad permite que el Estado de Chile continúe haciéndose cargo de este problema, protegiendo nuestra democracia y nuestras instituciones, y con ello, el derecho de nuestros compatriotas a vivir en paz.
Camila Vallejo Dowling
Ministra de la Secretaría General de GobiernoJaime Gajardo
Subsecretario de Justicia
