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Fue más de un mes de intensas y largas jornadas en donde once personas de distintas posiciones políticas nos juntamos por encargo de la Comisión de Salud del Senado a pensar propuestas para una reforma necesaria y urgente.
No cabe duda de que ésta se debe concretar. Hay consenso en que tenemos que transitar hacia un acceso universal de salud. El cómo se hace es lo que, durante décadas, no se ha podido resolver y por eso toda propuesta queda en punto muerto en el Congreso.
Valoro que en esta instancia el rol técnico por sobre el político fue el que primó en cada uno de los integrantes de esta comisión técnica para la reforma de la salud. Y esta actitud fue, precisamente, la que nos permitió la semana pasada entregar un documento a los legisladores donde se priorizan seis áreas de la salud que requieren transformaciones.
Cada una de estas tiene recomendaciones que se basaron en el principio de solidaridad, no discriminación, empoderamiento y protección de las personas e igual de importante: transparencia y rendición de cuentas.
Algunas de las propuestas se catalogaron de urgentes para una implementación de dos a tres años que permitan mejorar la equidad, eficiencia y sostenibilidad política y financiera.
Garantías en lo público y lo privado
Dos áreas importantes son los cambios que deben ocurrir en Isapres y Fonasa. Para Fonasa se propusieron 12 recomendaciones que van desde ampliar la oferta de cobertura, hasta ajustar sus facultades y gobernanza.
Entre las propuestas se da un fuerte énfasis a mejorar las coberturas de la Modalidad Libre Elección, a través del incremento de las coberturas por enfermedades catastróficas y su equivalente en MAI tanto en redes privadas como públicas. A su vez, sería plausible aumentar la protección financiera de esta modalidad, en especial en los servicios hospitalarios.
En cuanto a la gestión para disminuir las listas de espera y agilizar las prestaciones GES y NO GES, se propone darle más atribuciones y emplear activaciones automáticas para segundos prestadores.
En las Isapres, en tanto, se dan 17 recomendaciones todas con foco en eliminar la discriminación por riesgo para la de las personas en este sistema (tal como ocurre en FONASA), y en mejorar la trasparencia del sistema y la protección de los usuarios. Se pide, además, establecer mecanismos de compensación de riesgo para todo plan de salud, al menos en los primeros años.
Una de las recomendaciones más importantes, es ofrecer un plan de salud único, cuyos contenidos serán exigibles por las personas y serán la base del esquema de compensación de riesgos. Este plan debería incluir, como base, los beneficios GES, CAEC, Ricarte Soto, Ley de urgencias, entre otras.
Una entidad que hay que mejorar y fortalecer es la Superintendencia de Salud para que pueda ejercer su rol regulador de la provisión. Son 25 propuestas en total de las cuales la gran mayoría tiene que ver con el orden regulatorio y de gobernanza como, por ejemplo, mayores atribuciones para la defensa de los pacientes tanto de Fonasa como de Isapre con un fuerte foco en el fortalecimiento de la gobernanza que, a través de un consejo directivo, tenga más independencia del Poder Ejecutivo.
Licencias médicas
Una reforma de salud no se puede hacer sin revisar las licencias médicas en donde más del 85% del gasto público se va a este punto. Se dieron nueve ejes para poder cambiar, de las cuales ocho son urgentes y van desde el orden regulatorio, de procesos y organizacionales.
Por ejemplo, se propone modificar el Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL) eliminando los tres días de carencia para las licencias de menos de 10 días, al mismo tiempo que se genera una modalidad de subsidio decreciente en el tiempo, para estimular el retorno laboral y no perjudicar a aquellos pacientes que, efectivamente, deben tener largos periodos de licencia médica para su recuperación.
Supervisión a los prestadores
Por último, el comité se centró en proponer acciones para aplicar en prestadores públicos como privados. En los primeros, el foco está en los servicios de salud, APS y hospitales públicos para mejorar la eficiencia, accesos y tiempos de espera del paciente.
Entre las 15 propuestas está, por ejemplo, la creación de un Servicio Coordinador Nacional de Salud, autónomo, fuera de Minsal, lo que significa que ya no estaría a cargo de la Subsecretaría de Redes Asistenciales para darle mayor estabilidad en los cambios de gobierno.
En cambio, para los prestadores privados el foco se puso en dotar de más facultades a la Superintendencia de Salud para que pueda proteger de mejor forma a los usuarios de estas prestaciones.
Todas estas 65 recomendaciones son fruto de un trabajo que requirió mucho diálogo, ceder en las negociaciones, poner la experiencia técnica por sobre la política y, sobre todo, crear confianzas.
Esperamos que esta hoja de ruta pueda ser discutida y analizada de la misma forma, tanto por el poder Legislativo como por el poder Ejecutivo. De ellos depende que esta reforma no se quede, una vez más, sólo en el papel.
