La Segunda Sala de la Corte Suprema ratificó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, condenando a los exmilitares Jorge Reyes Morel, Juan Ramón Gerardo Fernández Berardi y Pedro Lovera Betancourt como autores de 14 homicidios.
Los tres fueron sentenciados a 15 años de presidio mayor en su grado máximo, por su participación en los crímenes cometidos entre septiembre y octubre de 1973 en Barrancas, actual comuna de Pudahuel, que tuvieron como víctimas a catorce dirigentes políticos y pobladores.
En un fallo dividido, se rechazaron los recursos interpuestos por la defensa de los condenados. Se confirmó la resolución del tribunal de alzada, dictada en diciembre de 2020.
Corte Suprema confirma condenas de tres exmilitares
El máximo tribunal condenó a Jorge Reyes Morel y Pedro Lovera Betancourt a 15 años y un día de presidio. Fueron sentenciados como autores de homicidios calificados y consumados de cinco personas. También fueron condenados por el homicidio calificado frustrado de otra víctima.
Del mismo modo, la Corte Suprema sentenció al exmilitar Juan Ramón Gerardo Fernández Berardi a 15 años y un día de presidio. Fue condenado como autor del homicidio calificado de seis víctimas. Además, fue sentenciado por otro crimen en grado de frustrado.
En cuanto a Donato López Almarza, quien fue condenado a la misma pena por los mismos delitos y víctimas, el tribunal no se pronunció sobre el recurso de casación. Esto se debió a que el imputado presenta un estado de enajenación mental.
La Corte tampoco se refirió a las sentencias dictadas contra otros dos acusados. Ambos fallecieron durante el proceso judicial.
Reacción de la defensa de las familias
Francisco Ugás, abogado querellante en representación de las familias de siete de las catorce víctimas, valoró el rechazo de los recursos de casación presentados por la defensa de los condenados.
“Las condenas definitivas y efectivas de los exagentes Lovera, Reyes y Fernández, todos del Ejército de Chile, son expresión del férreo cumplimiento del deber de punición o sanción que tiene que cumplir el Estado de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en nuestro país hace ya casi 52 años, como ocurre en este caso”, expresó Ugás.
Además, lamentó el fallecimiento de dos exmilitares durante la tramitación del caso. Al respecto, señaló que les deja “una cierta amargura y una sensación de una justicia que no fue plena“.
“Los familiares de las víctimas han tenido una respuesta por parte de nuestro sistema de Justicia, ante estos horrendos y cruentos crímenes perpetrados por agentes del Estado en perjuicio de ellas”, concluyó el abogado.
Homicidios en Pudahuel durante el inicio de la dictadura militar
Según la investigación conducida por el ministro Mario Carroza del Poder Judicial, se estableció que, desde el 11 de septiembre de 1973, un batallón del Regimiento de Infantería de Montaña N.º 3 “Yungay” de San Felipe, comandado por el mayor Donato López Almarza, se desplegó en la comuna de Quinta Normal y en Barrancas (actual Pudahuel). Allí, se ejecutaron diversos allanamientos en campamentos y zonas residenciales.
Esa unidad permaneció activa durante todo septiembre y fue reemplazada el 1 de octubre de 1973 por la Primera Compañía de la Escuela de Suboficiales del Ejército. Esta nueva dotación estaba al mando del capitán Gerardo Ernesto Urrich González (ya fallecido), con el teniente Juan Ramón Gerardo Fernández Berardi como subalterno. Ambos continuaron con las operaciones.
Durante estos procedimientos, varias personas fueron detenidas, sometidas a torturas y luego ejecutadas mediante fusilamiento en la “Casa de la Cultura de Barrancas” o en sectores próximos al túnel Lo Prado.
Algunos de los cuerpos fueron abandonados en el entonces Instituto Médico Legal y en la vía pública. Otras víctimas permanecieron desaparecidas hasta que sus restos fueron hallados años más tarde en el Patio 29 del Cementerio General.
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