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El caso de Rafaela Véliz, la niña que sufrió daño neurológico tras un parto mal atendido por un ginecólogo en la Clínica Dávila en noviembre de 2019, concluyó con un acuerdo reparatorio antes del juicio oral contra el especialista imputado. La audiencia contra el doctor Jaime Roa Burgos por lesiones graves contra la menor, que comenzaría el 17 de marzo tras cinco años de litigio, fue pospuesta en enero. Las partes llegaron a un acuerdo económico que incluye una indemnización por el daño causado, ya que la familia consideró la baja penalidad de los hechos. Los padres de Rafaela destacaron la necesidad de mejorar la legislación sobre violencia gineco-obstétrica en Chile, respaldados por la diputada Claudia Mix, quien hizo un llamado al Senado para acelerar la Ley Adriana, que busca aumentar las penas para los responsables y garantizar un parto respetado. A pesar de su siete años de discusión, el proyecto de ley sigue estancado en el Senado debido a presiones de sectores médicos conservadores. El padre de Rafaela denunció negligencias durante el parto, incluyendo el uso de un fórceps que causó lesiones graves a la bebé, quien sufre parálisis cerebral severa y ceguera, presentando un 97% de discapacidad.
El caso de Rafaela Véliz, la niña que sufrió daño neurológico tras un parto mal atendido por un ginecólogo en la Clínica Dávila en noviembre de 2019, culminó con un acuerdo reparatorio antes del juicio oral contra el especialista imputado.
Este lunes 17 de marzo iba a iniciar la audiencia contra el ginecólogo Jaime Roa Burgos, acusado de lesiones graves contra la menor. El proceso se inició tras cinco años de litigio y luego de un aplazamiento el pasado 6 de enero.
En ese contexto, las partes alcanzaron un acuerdo reparatorio que incluye una indemnización por el daño causado. La familia optó por esta vía debido a la baja penalidad de los hechos.
“Es un acuerdo económico que se le paga a la familia, pero que, por supuesto, tampoco va a solventar todos los gastos que significan la mantención de una niña que va a quedar de por vida discapacitada”, explicó la abogada querellante, Marisa Navarrete.
Los padres de Rafaela enfatizaron la necesidad de mejorar la legislación sobre violencia gineco-obstétrica en el país.
“Sentimos que perdimos la batalla en el sentido en que las leyes actuales, las leyes que se supone debieran sancionar este tipo de negligencia, este tipo de delitos, están muy al debe“, expresó Luis Véliz, padre de Rafaela.
Llamado al Congreso
Respaldados por la diputada Claudia Mix, se hizo un llamado al Senado para acelerar la tramitación de la Ley Adriana, que busca aumentar las penas para los responsables y garantizar un parto respetado.
“Yo hago un llamado al senador (Juan Luis) Castro, que ponga el proyecto en tabla, que se debata, que se discuta. Al Ministerio de Salud, que le ponga los recursos para que se implemente la ley Adriana en los hospitales de nuestro país”, expresó la diputada Mix.
Este proyecto de ley, en discusión desde hace siete años, sigue paralizado en el Senado. Según la propia parlamentaria, sectores médicos conservadores han ejercido presión para retrasar su implementación, priorizando sus intereses sobre la salud y seguridad de las mujeres.
“Ha existido mucho lobby de parte de sectores de la medicina más conservadores, sobre todo de la Sociedad Chilena de Ginecología, que ha estado en cada debate presionando para que esta ley no avance”, aseguró Mix.
La negligencia médica en el caso de Rafaela
Luis Véliz denunció que el parto de su hija estuvo marcado por diversas negligencias el 1 de noviembre de 2019.
En su relato publicado en la plataforma Osoigo, señaló que el ginecólogo les aseguró que lo mejor era un parto natural y que, ante cualquier complicación, se practicaría una cesárea. Sin embargo, testigos afirman que el médico debió realizarla y no lo hizo.
Además, Véliz indicó que el médico utilizó un fórceps, provocando una fractura craneal múltiple y un infarto cerebral a la bebé. Si bien Rafaela nació sin latidos, una doctora logró reanimarla.
Por esta razón, los padres de Rafaela presentaron una querella contra el ginecólogo y la Clínica Dávila. En la acción judicial, los acusaron de un cuasidelito de lesiones graves con dolo eventual.
La niña padece parálisis cerebral severa y ceguera. Debido a lo anterior, la menor presenta un 97% de discapacidad según su padre.