La Municipalidad de Santiago y su alcalde, el RN Mario Desbordes, presentaron una querella por malversación de caudales públicos por el eventual mal uso de gift cards durante el periodo en que ejerció la exjefa comunal, Irací Hassler (PC).
Según el documento al que tuvo acceso Radio Bío Bío, también se acusa la ocurrencia de falsificación de instrumento público y aplicación pública diferente. Esto para todos quienes resulten responsables.
En concreto, la acción judicial apunta a una licitación para adquirir 8.000 tarjetas de alimentos para los vecinos de la comuna, proceso iniciado con un dictamen emitido el 19 de marzo de 2024.
La idea era entregar estas gift card, de $35 mil cada una, a personas afectadas en situaciones de emergencia. Finalmente, la licitación ascendió a $280 millones y se adjudicó a Edenred en el mes de junio del año pasado.
Correo alertó posible delito
Apenas iniciada la gestión de Desbordes, la nueva subdirectora de Servicios Sociales del municipio recibió un correo electrónico desde el equipo de la Residencia Bulnes, albergue utilizado para entregar ayuda a personas en situación de calle.
“En dicha misiva, se indicó que el excoordinador del albergue, don Claudio Felipe Vargas Aldunate, designado por la entonces subdirectora de Servicios Sociales, doña Valeria Vivanco Zúñiga, regularmente realizaba el canje de las ‘Gift Cards’ personalmente”, dice la demanda.
En el texto se agrega que “esto se fundamentaba en la supuesta necesidad de comprar alimento para el albergue, aunque no existe certeza de si esto efectivamente fue así, y si la totalidad de los alimentos adquiridos fueron destinados a dicho propósito. Adicionalmente, la denuncia señaló que la misma situación se estaba dando, paralelamente, en los otros albergues dependientes de la Municipalidad”.
Además, se consigna que beneficiarios del albergue eran obligados a firmar documentos donde confirmaban haber recibido gift cards.
“El Sr. Vargas solicitaba a los usuarios de la residencia firmar un recibo por las mismas, como si se las hubiesen entregado, sin indicarles qué era lo que estaban firmando, y si usuarios consultaban por qué les estaban pidiendo firmar, su respuesta era ‘firma no más, no preguntes"”, señala la demanda.
Aunque, el municipio también asegura que habría falsificación de firmas. Esto porque un vecino reclamó la entrega de una tarjeta luego de enterarse su nombre estaba en un recibo, pero él nunca había firmado el documento.
A juicio de los demandantes, “esto daría cuenta de que incluso se falsificaron firmas para justificar estos canjes indebidos”.
Municipio pide que lo investigue la PDI
Ante estos antecedentes, se pide que la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI investigue lo ocurrido.
También se solicita que se tome declaración como imputado a Claudio Vargas; y como testigo a Valeria Vivanco y otras 10 personas.