Después de tres horas de audiencia, y tras la solicitud del Ministerio Público y la parte querellante, el Juzgado de Garantía de Colina decretó prisión preventiva para cuatro imputados venezolanos integrantes de una célula del Tren de Aragua en Santiago. Los sujetos están acusados de asociación criminal para el delito de trata de personas para fines de explotación sexual, trata de personas para fines de explotación sexual, tráfico ilícito de inmigrantes y homicidio calificado por alevosía, ensañamiento y premeditación.
Durante la formalización, el fiscal preferente ECOH, Sergio Soto Yáñez, presentó los antecedentes recopilados por el Ministerio Público. Según la investigación, el asesinato de un integrante de la célula criminal habría sido ordenado por incumplir el código de la organización al mantener una relación con una de las víctimas. El cuerpo de la víctima fue hallado maniatado y quemado en Colina.
El magistrado justificó la medida cautelar al considerar que la libertad de los imputados representa un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas.
Además, se estipuló un plazo de investigación de 240 días.
Los imputados cumplirán su prisión preventiva en el módulo de alta seguridad del CP de Rancagua.
El modus operandi de la célula del Tren de Aragua en la RM
En la salida de la audiencia, el fiscal Sergio Soto entregó detalles de la forma en la que habría estado operando la célula del Tren de Aragua en la RM.
El persecutor explicó que la organización criminal operaba de manera transnacional, con miembros tanto en Venezuela como en Chile. Los integrantes en Venezuela, denominados “llaveros”, coordinaban el comercio sexual mediante páginas web.
Los individuos en los extranjeros respondían en nombre de las mujeres explotadas, pactaban los servicios con los clientes chilenos y enviaban detalles al “taxista”, un miembro en Chile encargado de transportar a las víctimas y recolectar el dinero. Este último luego enviaba las ganancias a Venezuela mediante transferencias electrónicas.
A las mujeres ingresadas a Chile bajo esta red se les cobraba una “multa” de $5 millones. Debían rendir semanalmente al menos $300 mil, de los cuales $200 mil se destinaban a abonar la deuda, $50 mil al alojamiento y otros $50 mil a la alimentación. Solo obtenían ingresos extras si negociaban servicios sexuales adicionales, como consumo de drogas con los clientes.
El incumplimiento de estas metas económicas derivaba en torturas. Las víctimas eran amarradas, privadas de alimento y agua por días o semanas, y sus compañeras tenían prohibido ayudarlas.
Además, las reglas les impedían tener parejas no aprobadas por la organización, asistir a discotecas o restaurantes, y debían estar siempre disponibles para el comercio sexual. Si una mujer iniciaba una relación sentimental, su pareja debía asumir el pago de la deuda.
También se identificó explotación de menores de edad. Algunas víctimas, tenían documentos falsificados para aparentar mayoría de edad, eran explotadas sexualmente. Sin embargo, su apariencia física dejaba en evidencia su verdadera edad. Además, a las mujeres se les cobraba una “plaza”, una tarifa de $100 mil para trabajar en espacios públicos como la Plaza de Armas o Baquedano.
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