El gobernador de la región Metropolitana de Santiago, Claudio Orrego, protagoniza un nuevo disenso con las autoridades de La Moneda, pues se confirmó su cuestionamiento a la ubicación de la construcción de la nueva cárcel de alta seguridad. Su postura se alinea indirectamente con la oposición de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler.
Orrego había manifestado su apoyo a la construcción de un nuevo recinto penitenciario junto a Santiago Uno. El costo estimado era de 90 mil millones de pesos.
Sin embargo, sorprendió al alinearse con la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler. Ahora sostiene que la cárcel debe construirse fuera del área urbana. Este cambio fue en respuesta a un oficio del Ministerio de Vivienda. Se pidieron los argumentos de la alcaldía y la gobernación sobre la nueva cárcel de Alta Seguridad y la modificación del Plan Regulador.
Orrego reafirmó la necesidad de nuevas instalaciones para custodiar a criminales peligrosos. No obstante, mencionó que el Plan Regulador establece que las cárceles deben estar fuera de la ciudad.
Las reacciones al cambio de postura de Orrego sobre la nueva cárcel de Santiago
La alcaldesa Hassler valoró el cambio de postura. Argumentó que la cárcel afectaría el bienestar de los vecinos.
“Quiero valorar que el gobierno regional se pronunció en la búsqueda del resguardo y respeto del Plan Metropolitano Regulador, con su gobernador Claudio Orrego. Por tanto, hay una mirada común en este sentido”, apreció la jefa comunal.
Los habitantes de Av. Pedro Montt, que han rechazado el proyecto desde su anuncio, aplaudieron esta posición. Paola Morena, vocera del Barrio Rondizzoni, destacó su rechazo.
“Los vecinos están muy contentos y esperanzados en que junto con el apoyo del gobernador se pueda invitar a las autoridades a repensar el lugar donde poner la cárcel, y no hacerlo dentro de un lugar que, a pesar de la incivilidad que tiene, todavía es tranquilo”, declaró la vocera Paola Morena.
La nueva cárcel busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado. El gobierno presentó un proyecto de ley que exige a los funcionarios de Gendarmería declarar sus intereses y patrimonio. Esta medida forma parte de la Estrategia Nacional de Integridad Pública. La discusión del proyecto comenzó en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados.
