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La defensa de Daniel Jadue busca anular la apelación del Ministerio Público contra el cambio de medida cautelar que reemplaza la prisión preventiva por arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de contacto con víctimas y testigos, ante el vencimiento del plazo para presentar recursos de apelación. Expertos consideran poco probable que la corte evite revisar la apelación, mientras la posibilidad de que la defensa negocie para desistir de ésta se ve lejana, ya que la Fiscalía busca la prisión preventiva. COPAJU acusa fines políticos en el proceso judicial contra Jadue, sugiriendo manipulación judicial con motivaciones políticas en lugar de legales.

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A horas de que venza el plazo para que los intervinientes del caso “Farmacias Populares” presenten los recursos de apelación en contra del arresto domiciliario total con el que quedó el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, su defensa pidió declarar inadmisible lo requerido por el Ministerio Público.

Consultados ante esto, expertos en la materia consideraron poco probable que la Fiscalía esté dispuesta a negociar.

La defensa de Daniel Jadue busca anular la apelación del Ministerio Público contra el cambio de medida cautelar, que reemplaza la prisión preventiva por arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de contacto con víctimas y testigos. Todo con el fin de evitar su regreso a prisión.

Esto porque hoy a las 23:59 horas vence el plazo para que las partes involucradas apelen la medida de arresto domiciliario total de Daniel Jadue, imputado por delitos como administración desleal y estafa.

Es así que su defensa pidió al Tercer Juzgado de Garantía anular el recurso del Ministerio Público, que busca que se le imponga nuevamente la prisión preventiva.

El abogado Juan Carlos Manríquez argumentó que no existe “agravio” entre lo solicitado por la Fiscalía y la decisión del tribunal, considerando la apelación inadmisible, mientras que el fiscal Marcelo Cabrera manifestó su descontento, señalando que la defensa no presentó nuevos elementos.

Consultado por La Radio sobre el estado del recurso, el abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego, explicó que, aunque es posible que se presente un reclamo ante la corte, considera poco probable que esta evite revisar la apelación.

En cuanto a la posibilidad de que la defensa de Jadue negocie con la Fiscalía para desistir de la apelación, la abogada de la Universidad de Chile, Ximena Aguirre, lo ve lejano, ya que la Fiscalía busca la medida más estricta, que es la prisión preventiva.

Cuestionar presupuestos de imputación

El ex fiscal de Alta Compejidad, José Antonio Villalobos, indicó que, en la audiencia, la defensa puso en duda los “presupuestos materiales de la imputación”, lo que llevó a la jueza a determinar que algunos delitos no estaban debidamente configurados.

En la misma línea, el ex fiscal Andrés Cruz sostuvo que la defensa de Daniel Jadue logró cuestionar los “presupuestos materiales de la imputación”, es decir, los antecedentes que respaldan los delitos imputados.

COPAJU acusa fines políticos

Para apoyar a la defensa de Jadue se sumó el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), que expresó su preocupación por el caso, señalando que el proceso judicial en su contra presenta indicios de lawfare, término utilizado para describir el uso del sistema legal y judicial como una herramienta de ataque político o como una forma de persecución.

En su declaración, el COPAJU criticó la prisión preventiva impuesta al expresidente de Achifarp, la cual carecería de justificación penal, y denunciaron el rol de los medios que lo muestran esposado y con chalecos amarillos, sugiriendo una manipulación judicial con fines políticos más que legales.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)