Para este viernes está programada la audiencia de preparación de juicio oral en contra del exteniente de coronel de Carabineros, Claudio Crespo Guzmán, quien recordemos está acusado por disparar a Gustavo Gativa.
Recordemos que la investigación de la Fiscalía Centro Norte sostiene que el exuniformado disparó con una escopeta antidisturbios durante una manifestación del 8 de noviembre de 2019 en Santiago.
Lo anterior, imputado como delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas, dejó a Gatica con pérdida total de la visión en sus dos ojos.
Sin embargo, según consignó La Tercera, la audiencia podría postergarse luego que la defensa del excarabinero, Pedro Orthusteguy, presentara una solicitud de audiencia de cautela.
La defensa argumenta que “no está en condiciones de ejercer los derechos que le otorgan las garantías judiciales consagradas en la Constitución Política, en el Código Procesal Penal y tratados internacionales vigentes”.
Firmas falsas
Según indicó el abogado Pedro Orthusteguy, habrían detectado firmas falsas por parte de oficiales de la Policía de Investigaciones (PDI). La situación se asemeja a una causa ocurrida en 2018 y que también involucra a Crespo.
“Mi representado fue recientemente absuelto (…) y durante el transcurso del juicio esta defensa pudo percatarse, por casualidad, que al menos 9 registros policiales de la investigación tenían las firmas del oficial a cargo de la diligencia falsificadas”, dice la acción judicial.
A la vez, agrega, se detectó “que también en esta causa existían firmas falsificadas de dicho oficial y que, a mayor gravedad, existen otros oficiales de la PDI cuyas firmas no corresponde entre sí o no se corresponden con las verdaderas o indubitadas”.
“Este gravísimo hecho vulnera lo dispuesto en el artículo 228 del Código Procesal Penal (…) atendido que esta vulneración es irreparable y que no existen medidas necesarias suficientes que permitan el ejercicio del derecho a defensa, solicito que se discuta en la audiencia el sobreseimiento temporal de la causa”, agrega el documento.
Según dijo el abogado de Crespo, al mismo medio antes citado, se pidió un peritaje que finalmente confirmó que las firmas de los oficiales de la PDI habrían sido falsificadas.
“Actualmente hay una investigación penal y administrativa contra Cristián Lizama Loyola y nos imaginamos que el director general ya lo debe haber suspendido de sus funciones”, dijo.
Enviando corrección, espere un momento...
