El Ministerio Público comunicó que no perseverará en la causa contra siete carabineros imputados por la golpiza que sufrió un manifestante en Plaza Ñuñoa en 2019. La decisión se da pese a una querella del CDE donde se les sindica a seis de ellos como responsables de la falsificación del parte policial que terminó abriendo una investigación judicial contra la víctima en lugar de sus victimarios. El caso se hizo conocido luego de que el ataque fuese transmitido en vivo por CHV/CNN.
La fiscalía comunicó este lunes su decisión de no perseverar en la investigación en contra de siete de los 12 carabineros imputados por la golpiza televisada a un manifestante en Plaza Ñuñoa en medio del estallido social.
La víctima corresponde a Moisés Ordenes, quien sufrió graves lesiones a raíz del ataque propinado por los uniformados: le sacaron un diente, terminó con costillas rotas y perdió la visión de su ojo izquierdo. Todo quedó grabado en la transmisión en vivo de Chilevisión/CNN Chile.
La determinación fue ingresada por el persecutor público de alta complejidad, Jorge Martínez Rodríguez, ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
A través del escrito, el fiscal argumentó que “no se han reunido antecedentes suficientes para funda acusación” en contra de los implicados. A saber: el suboficial Daniel Hervias Hutinel; los cabos primero Ricardo Gómez Balle, Fabián Torres Salgado, Iván Hernández Ocampo, Fernando Soto Fuentealba; el cabo segundo Samuel Mora Lodi y el carabinero Carlos Cerda Herrera.
Según antecedentes recopilados por este medio, la decisión se da luego de que el mismo fiscal Martínez ordenara a comienzos de este mes la separación de la indagatoria de estos mismos imputados, para continuar siendo investigados en la causa en la que este lunes finalmente se decidió no perseverar.
De reformalizados a fuera de la indagatoria
Los funcionarios policiales corresponden a los mismos que fueron reformalizados por la propia fiscalía en junio de 2020. En aquella oportunidad se le imputaron cargos por tortura, obstrucción a la investigación y falsificación.
Todos ellos, salvo Gómez Balle, están también querellados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) debido a los mismos delitos.
En el libelo del organismo estatal se acusa a los citados imputados, además de otros cinco carabineros que figuran en la indagatoria como los autores materiales de la golpiza, de falsificar el parte policial redactado por ellos mismos tras el ataque.
Victimarios y no víctimas
En el documento, los uniformados dijeron haber recibido amenazas de muerte por parte de la víctima, algo que fue descartado rápidamente en la indagatoria tras la revisión de distintas cámaras que captaron lo ocurrido.
La versión contenida en el escrito -calificado como ideológicamente falso- fue suscrito por los carabineros Martín Blanc Cabrera y Samuel Mora Lodi, en su calidad de funcionarios a cargo del procedimiento. También contaba con las declaraciones firmadas de los policías que hoy figuran en calidad de querellados.
El actuar de todos ellos, a juicio del CDE, obstaculizó “gravemente el esclarecimiento del hecho punible a través de antecedentes falsos que condujeron al Ministerio Público a abrir una investigación penal contra la víctima en lugar de contra sus victimarios”.
Así las cosas, se está a la espera de que ahora el Octavo Juzgado de Garantía capitalino fije una audiencia en la que podría sellarse la salida de los siete imputados de la indagatoria.
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