Gas pimienta, lumas, cascos blindados y esposas son algunos de los elementos adquiridos por Las Condes para sus guardias de seguridad, los cuales la Contraloría frenó su uso. En tanto la alcaldesa, Daniela Peñaloza, se mostró en desacuerdo a la decisión.

La Contraloría General de la República frenó la utilización de elementos como gas pimienta, lumas, cascos blindados y esposas a personal de seguridad de la Dirección de Seguridad municipal de Las Condes.

La investigación comenzó durante el denominado estallido social, cuando la Dirección de Seguridad de la comuna decidió equipar a sus funcionarios en modo de “ayuda” a las policías en situaciones de orden público, siendo que su labor se remite a apoyarlas, según lo consignó La Tercera.

Incluso, según los antecedentes recabados por el ente fiscalizador, 46 inspectores de seguridad de la Municipalidad de Las Condes concurrieron a un curso llevado a cabo por la Policía de Cataluña para especializarse.

Sin embargo, el documento de Contraloría, apunta aún más a la adquisición de elementos para repeler situaciones de desorden en la vía pública. “De los antecedentes tenidos a la vista, tales como órdenes de compra, facturas, actas de autorización presupuestaria, entre otros, se advierte que durante el año 2020, la referida entidad edilicia adquirió para el personal de la Dirección de Seguridad Pública: 45 pares de rodilleras ‘Titanias Race Begro’, mediante compra ágil, menor a 30 UTM, por un monto total de $1.259.640, a la empresa Trail SPA; 110 cinturones tácticos con accesorios (…), 110 linternas, 110 porta linternas, 110 esposas, 110 porta esposas, 110 bastones retráctiles, 150 gas pimienta y 110 porta gas pimienta, por un total de $ 19.555.270“, detalla.

Además, agrega que también se compraron “45 cascos y 45 escudos antidisturbios, a través de la licitación pública (…), por un monto de $9.877.000, cuyo proveedor es la empresa Comercial e Industrial Dagoway Trade SPA, y 50 unidades de cascos blindados y visores balísticos, mediante la propuesta pública, adjudica a la empresa de importaciones exportaciones e ingeniería limitada, en la suma de $17.920.448“.

En sumatoria, Contraloría advierte que “su uso es estrictamente para que sean utilizados en el cumplimiento de la función municipal relativa a la seguridad comunal, puesto que los cuerpos armados establecidos por el ordenamiento jurídico para tal efecto son de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, y no las municipalidades, lo que la aludida entidad edilicia deberá tener presento en lo sucesivo”.

“La Briop ya no existe”

El director jurídico de la Municipalidad de Las Condes, Patricio Navarrete, declaró que la denominada Brigada de Intervención y Orden Público (Briop) ya no existe, y que se preocupó en ayudar a Carabineros en temas de despejes de calles cuando se interrumpía el tránsito con barricadas.

“Jamás se ha pretendido sustituir las competencias que la Constitución y la ley entregan a las policías (…) Los cascos, rodilleras y los escudos son elementos de protección, que actualmente están guardados en bodega. Sin embargo, pueden ser utilizados cuando sea necesario en algún evento en que Carabineros necesite de nuestro apoyo en el despeje de las vías públicas como elemento de protección de nuestros inspectores”, indicó.

En la misma línea la alcaldesa de la comuna, Daniela Peñaloza, a través de Twitter dijo que “no compartimos este dictamen de la @Contraloriacl, que refleja desconocimientos sobre el actuar de nuestros inspectores municipales”.