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En la noche de ayer Abel Acuña, joven de 29 años que se encontraba manifestándose en Plaza Italia, murió en la Posta Central circunstancias que están siendo investigadas. De acuerdo a los antecedentes recabados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), representantes de los médicos y de los paramédicos del Servicio de Atención Metropolitana de Urgencia (SAMU) informaron haber concurrido al lugar luego de un llamado “por un paciente en paro cardíaco”.
Según denunciaron, la acción de carabineros al momento de la llegada al lugar impidió la atención in situ, mediante la utilización de bombas lacrimógenas, chorro de agua y perdigones, lo que tendría directa relación con la disminución de la probabilidad de sobrevida de la víctima.
De acuerdo a la denuncia, la acción policial habría hecho “imposible iniciar soporte inicial avanzado”. En la ambulancia no pudieron entubarlo porque su vía aérea estaba llena de agua, por lo que solo pudieron ponerle una máscara laríngea (que no llega a los pulmones). Saliendo del lugar, la ambulancia habría sido alcanzada por varios proyectiles.
De acuerdo a la denuncia “lo complejo del caso es que la acción de personal policial impidió el inicio de maniobras de reanimación avanzada sobre la víctima en la escena y desfibrilación precoz, la cual pudo ser efectuada recién en la posta central. Evidentemente, con ello se podría haber mejorado el pronóstico vital de la víctima”.
Frente a los hechos descritos, el INDH anunció que presentará en las próximas horas una querella por “homicidio por obstrucción de salvamento”.
Lo anterior considerando que la policía tiene la posición de garante por ley y tiene la obligación de resguardar a manifestantes y a personal médico que se encuentra realizando sus labores. En cambio, en este caso, no solo no habría hecho lo anterior, sino que habría ejercido violencia en contra del personal médico y sin esas acciones, de acuerdo al propio relato del personal del SAMU “podría haber mejorado el pronóstico vital de la víctima”.
Sergio Micco, director de Instituto Nacional de Derechos Humanos, afirmó que “se trata de un hecho de extrema gravedad, de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario, que exige que se facilite y se otorgue seguridad al personal médico para atender a las personas heridas”.
El director del INDH afirmó también que “no estamos frente a un hecho aislado. El INDH ya ha presentado cinco querellas en contra de carabineros por agresiones al personal de primero auxilios en el contexto de las manifestaciones, y este sexto caso resulta inaceptable”.
