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El pasado 6 de octubre comenzó a regir la nueva tarifa en el transporte público capitalino, después de que el panel de expertos que asesora al Ministerio de Transportes decretara un alza de $30. Este corresponde al segundo aumento que ha tenido su precio, debido a que el 25 de enero ya había sido incrementado en $20.
Aquello fue motivo suficiente para que surgiera el descontento ciudadano, principalmente de jóvenes estudiantes que desde el viernes pasado han convocado y concretado las llamadas “evasiones masivas” que han estado centradas en hacer uso del servicio sin pagar por él.
Estas evasiones se han registrado principalmente entre el lunes y martes, y han provocado que en una serie de estaciones de las líneas 1, 3 y 5 del Metro de Santiago se cierren los accesos y se suspenda de manera momentánea el servicio.
Esta acción ha resultado un ejercicio válido para algunos como forma de manifestar ese descontento, pero en el mediano y largo plazo podría impactar en las finanzas del sistema, según el panel de expertos. De acuerdo al último registro del trimestre abril-junio, la evasión en el Transantiago subió a 25,7%.
En la práctica, uno de cada cuatro pasajeros evade el pago del sistema, algo considerado como “un robo” para el presidente del panel de expertos, Juan Enrique Coeymans, quien advirtió de impactos en la estabilidad financiera del modelo.
¿Por qué? Al disminuir las validaciones con la tarjeta Bip! al momento de pagar el pasaje, los ingresos para el sistema también se reducen. Ese es uno de los dos métodos que tiene el transporte público -junto con el presupuesto anual- para financiarse.
En caso de que esos ingresos bajen, la alternativa que tienen los asesores es elevar nuevamente la tarifa para resarcir lo perdido. Coeymans señaló que las evasiones masivas “afectan económicamente al sistema, porque si el déficit aumenta la cosa se complica”.
Sin embargo, el exsubsecretario de Transportes, Calos Melo, sostuvo que “estas evasiones puntuales no deberían tener un efecto. Lo que sí preocupa es que esa conducta sea imitada por grupos más grandes de gente, eso sí podría provocar un impacto”.
Multas para evasores
Quienes sean sorprendidos evadiendo el pago del transporte público, se arriesgan a multas que van desde los $40 mil, monto que podría subir a $71 mil en los casos de reincidencia.
Los pasajeros que no paguen esa multa, pese a estar citados por el respectivo Juzgado de Policía Local, pasan a formar parte del llamado “registro de evasores”.
Por estar en ese listado, las personas quedan inhabilitadas para algunos trámites como renovar su licencia de conducir o en la devolución de impuestos, hasta que cancelen la infracción.
