Alsacia, uno de los operadores más nombrados del sistema de transporte capitalino, Transantiago, demandó al Estado de Chile por US$330 millones ($198 mil millones) acusando una serie de sucesos ocurridos tras los nuevos contratos de concesión firmados en 2011, entre algunos, medidas arbitrarias hacia las compañías (Alsacia y Express), lo que les habría causado perjuicios económicos y de reputación.

Según los antecedentes, el documento fue presentado el pasado 9 de febrero ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Invesriones (Ciadi), en el marco de la solicitud de arbitraje que presentaron en mayo del año pasado ante la entidad, consigna Pulso.

Además, la misma compañía habría pedido una indemnización adicional aproximada de US$15 millones por daño moral del Estado.

Respecto a los nuevos contratos de concesión, la remuneración a las compañías se redujo del 95% total al 30%. En tanto, los variables se incrementaron del 5% establecido en las tratativas anteriores a 70%.

Otro de los argumentos que Alsacia habría mencionado en el escrito corresponde al Ministerio de Transportes, cartera que según indican, fue alertada de la quiebra de las compañías. Además, mencionan que el Estado habría favorecido a inversionistas chilenos por sobre extranjeros.

En esa línea, aclaran que el Estado no pudo adoptar las medidas necesarias para disminuir el uso del automóvil y control de evasión.

El Estado debe presentar la contestación ante el Ciadi el próximo 13 de junio, escrito que podría ser ingresado entre marzo y abril.