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En Linares, el proceso judicial contra el alcalde Mario Meza, el director de Dideco y otros 7 funcionarios y exfuncionarios municipales por fraude al fisco ha prendido las alarmas en la comunidad. La investigación reveló contratos irregulares con empresas para la compra de artículos de aseo, transporte y alimentos, otorgando sumas excesivas a algunas.

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Un proceso judicial ha captado la atención de la comunidad de Linares, debido al impacto que podría tener en la administración pública local y en la confianza de los ciudadanos.

El alcalde Mario Meza, el director de Dideco, Jhon Sancho, y otros 7 funcionarios y exfuncionarios municipales han sido formalizados por su presunta responsabilidad en el delito de fraude al fisco reiterado. Sumando a particulares, los formalizados escalan a 14 personas.

La investigación señala que se realizaron contratos irregulares con ciertas empresas para la adquisición de artículos de aseo, transporte y alimentos, favoreciendo a algunas con grandes sumas de dinero. Un informe de la Contraloría General de la República reveló que se pagaron montos excesivos en la compra de cloro y kits de test rápido de covid-19.

En detalle, se pagaron $32.130.000 por 6.000 bidones de cloro, lo que representa un sobreprecio del 76% en comparación con el precio de mercado. Asimismo, la adquisición de 3.000 kits de test rápido por $64.260.000, mostró un sobreprecio del 76,7%.

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El alcalde Meza, quien presentó su renuncia al cargo el 26 de septiembre para postularse a un tercer mandato en las elecciones del 26 y 27 de octubre, expresó su descontento con el proceso judicial. Ha calificado las acciones como un ataque político y ha denunciado el uso de la institucionalidad con fines políticos.

Este caso ha generado gran expectación en Linares, no solo por la relevancia de los involucrados, sino también por el posible impacto en la administración pública local y la confianza ciudadana.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)