Gastos de más de $1.151 millones sin la documentación de respaldo pertinente, el pago improcedente de intereses por un millón de pesos y el inexistente cobro a exalumnos por $6.600 millones. Esas son algunas de las varias irregularidades detectadas por Contraloría en la Universidad de Talca.

La casa de estudios estatal fue objeto de una auditoría financiera, presupuestaria y contable durante todo 2018, en la que se encontraron anomalías multimillonarias, las que deberán ser corregidas por la institución.

La primera conclusión de la indagación determinó que la UTAL no acreditó con la documentación de respaldo pertinente gastos equivalentes a más de $1.151 millones.

Entre otros cuestionamientos se encuentra el pago de prestaciones de servicios sin evidencia de un contrato. En concreto se determinó que esa casa de estudios desembolsó casi 3 millones de pesos en honorarios a un funcionario, sin que conste la celebración del convenio correspondiente ni se advierta su registro en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado.

En su respuesta, la Universidad de Talca señaló que el contrato fue tramitado y firmado por el trabajador en su oportunidad, pero que el documento no ha podido ser encontrado físicamente. En esa línea, añadieron que consta que el servicio fue efectivamente prestado y que la jefatura correspondiente otorgó su conformidad.

Todo se habría debido a que una vez firmado se envió a la Contraloría Interna de la casa de estudios, desde donde se devolvió al Departamento de Honorarios con algunas observaciones. No obstante, dicha unidad -por error- no lo remitió a trámite nuevamente, situación que deberá ser regularizada. Pese a lo informado por la institución, la objeción se mantuvo.

A lo anterior, se suma que la Contraloría corroboró que en dos contrataciones realizadas por medio de trato directo, no se acompañó el mínimo de cotizaciones.

Allí figuran pagos por sobre los 2 millones de pesos, en los que la universidad no pudo aportar antecedentes que permitan desvirtuar el alcance planteado por la entidad fiscalizadora, “por lo que le corresponderá a la UTAL instruir al personal que corresponda a fin de, en lo sucesivo, ajuste su actuar” a las disposiciones contenidas en la ley, precisa la auditoría.

Más de 6.600 millones de pesos no cobrados

La irregularidades no terminaron ahí. La investigación también descubrió que la U. de Talca no cobró la deuda mantenida por exalumnos, denominadas “Aranceles de Pregrado” y “Arancel de Postgrado”, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2018, ascendía a $4.015 millones y $2.618 millones, respectivamente.

En ese sentido, la Contraloría cuestionó que la universidad carezca de un manual de gestión de cobranza, en el que se describan las acciones de cobro que dicha casa de estudios debe efectuar a fin de recuperar la deuda vencida mantenida por los alumnos, proveniente de los ingresos por concepto de arancel y/o matrícula, ya sea judicial o extrajudicialmente. Todo ello fue confirmado por el jefe del Departamento de Apoyo Financiero al Estudiante de la casa de estudios.

Frente a esta situación, la UTAL indicó que se encuentran confeccionando nuevos manuales de funciones, procedimientos y actualizando los existentes, dadas las nuevas características del Departamento de Apoyo Financiero al Estudiante. Pese a su respuesta, la Contraloría mantuvo su observación.

En cuanto a la millonaria suma adeudada, la universidad tendrá que realizar las gestiones de cobro correspondientes, con el fin de recuperar los montos impagos por los alumnos y exalumnos o en su defecto declararlos incobrables y formalizar las políticas y protocolos.

Restauración de dinero y respuesta

La auditoría concluyó también que se verificó el pago improcedente de intereses por un millón de pesos relacionados con las contribuciones de un inmueble ubicado en avenida San Miguel de Talca.

Por ello, la universidad deberá adoptar las medidas para obtener la restitución de los fondos pagados en este ámbito, lo que deberá informar en un plazo no superior a 30 días hábiles, contando desde la recepción del presente informe. De no concretarse, la Contraloría Regional incluirá el monto en un juicio de cuentas.

Consultados por la indagación, desde la entidad de educación superior explicaron que en ningún caso se ha cuestionado o identificado alguna irregularidad en los procesos de compra, sino que se señala que no se ha contado con documentación considerada relevante para la Controlaría, para acreditar los gastos realizados.

Asimismo, indicaron que la Universidad de Talca “ha instalado una rigurosa cultura de la calidad en su quehacer y prueba de ello es la reciente acreditación por seis años. Esto ha implicado la modernización y digitalización de los procesos, cuestión que no es fácil de hacer converger con el sistema administrativo y la cultura de la documentación impresa“.

“Acorde con el plazo dispuesto por la propia Contraloría Regional, estamos reuniendo toda la información que se requiera para respaldar y documentar actividades, cuya única finalidad es mejorar las condiciones de nuestros estudiantes y seguir avanzando en el camino de una universidad moderna y compleja. Esta documentación será entregada en el momento correspondiente”, sentenciaron.