Fiscalía apunta a complicidad entre privados y exfuncionarios del GORE Bío Bío en arista Bonhomía

La Fiscalía formalizó la tercera arista en el caso Convenios, con relación a los 360 millones de pesos entregados por el Gobierno Regional del Bío Bío a la Fundación Bonhomía. Son 11 personas, entre particulares y exfuncionarios públicos, a quienes se les imputa por supuestamente haberse coludido para defraudar al Fisco.

Lo que señaló el Ministerio Público ante el Juzgado de Garantía de Concepción, es que en la millonaria entrega de recursos se configuró una serie de delitos, donde los responsables de una empresa familiar recibieron ayuda y guía de parte de empleados públicos para lograr la aprobación del convenio.

Por un lado, se apuntó al exdirector de Desarrollo Social, Simón Acuña, de haber sugerido al empresario Benjamín Pavón el arriendo de la Fundación Bonhomía, y así proponer al Gore Bío Bío un programa de capacitación para vida saludable por 360 millones de pesos.

La necesidad de la fundación, explicó la fiscal regional Marcela Cartagena, se debió a que la empresa de Pavón no cumplía con los requisitos para postular a fondos estatales, a diferencia de Bonhomía, y por eso la coordinación además con los dueños de esa organización, sin que después se ejecutara el proyecto comprometido.

Piden prisión preventiva para 4 imputados

Por eso la formulación de los cargos más graves contra Acuña, Pavón y los directores de Bonhomía, Carlos Anabalón y Osvaldo Reinoso, contra quienes la Fiscalía busca la prisión preventiva.

El abogado defensor del empresario, Humberto Alarcón, descartó categóricamente el tráfico de influencias y también el que el programa social no se ejecutara.

Otro ex asesor del Gobierno Regional, Marco Loyola, también fue formalizado y quedó con la cautelar de arresto domiciliario nocturno, pero descartando su abogado, Javier Ahumada, cualquier responsabilidad penal, insinuando que en lo que pudo incurrir su cliente fue en una falta administrativa.

Tras la formalización, la Fiscalía pidió las cautelares, siete de las cuales fueron aceptadas por los imputados, mientras que las cuatro prisiones preventivas y los dos arrestos domiciliarios totales se discutirán cuando la audiencia se reanude este martes.