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La Contraloría cuestionó dos procedimientos de la Delegación Presidencial del Bío Bío en contratación de servicios durante emergencias por incendios forestales y gripe aviar. Un informe señala contratos para el retiro de lobos marinos, los que fueron más costosos en comparación con otras zonas del país. Al respecto, la delegada Daniela Dresdner dijo que derivó antecedentes a fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado. Contraloría también observó el uso de recursos en la reconstrucción de viviendas tras incendios, solicitando la restitución de fondos a funcionarios. La delegada atribuye irregularidades a problemas administrativos y falta de fiscalización en terreno debido a colapso de municipios.

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Dos informes de la Contraloría objetan procedimientos de la Delegación Presidencial del Bío Bío, en la contratación de servicios en el contexto de las emergencias por incendios forestales y la gripe aviar.

En uno de ellos, la propia delegada Daniela Dresdner, derivó los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), y en el otro el órgano contralor sugiere que funcionarios tendrían que restituir fondos.

Sin embargo, la situación más grave tiene que ver con el brote de gripe aviar surgido el año pasado y que causó la muerte de cientos de lobos marinos en las costas de la región.

El informe de la Contraloría observa la contratación de servicios demasiados costosos para el retiro y disposición de estos animales en comparación con contratos generados por el mismo servicio en otras zonas del país, como la delegación de Antofagasta en el mismo contexto.

Bío Bío: Contraloría objeta dos procedimientos de la Delegación presidencial

La delegada dijo respecto de esta irregularidad detectada, que tras conocer el pre informe de inmediato derivó los antecedentes a la justicia y que si hay delito se deben establecer culpables.

“Yo quiero decir que desde el pre informe de Contraloría, a mi me surgieron dudas respecto a ese proceso, y lo primero que hice fue enviar toda la información a Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), por si hubiese algún delito asociado. Esos son procedimientos que tienen que estar ahora en Fiscalía y el CDE lo tiene que estar analizando”, dijo la autoridad.

Además de este informe, existe otro relacionado con la emergencia de los incendios forestales del verano del 2023.

En aquel análisis, la Contraloría observó el uso de los recursos en servicios relacionados con la reconstrucción de viviendas, y donde se estaría pidiendo la restitución de dineros a los funcionarios involucrados en la aprobación.

“Problemas administrativos”

Sobre este caso, la delegada Dresdner asegura que tiene que ver más con problemas administrativos, puesto que no fue posible realizar fiscalizaciones en terreno para comprobar que los procesos se hayan cumplido a cabalidad, cuando los municipios estaban colapsados sin posibilidad de fiscalizar en terreno.

El informe objeta puntualmente contratos en la comuna de Nacimiento, generados a petición del municipio, y que estarían relacionados con la habilitación de fosas sépticas en viviendas de emergencia.

La delegación respondió el informe de la Contraloría, pero esta pidió levantar un sumario para identificar cuáles son los puntos donde no se cumplieron los procesos administrativos, sumario que sería cerrado la próxima semana y tras lo cual incluso se podría dar que se pida la restitución de fondos.

“Contraloría lo que dice es que se levante alguna petición de restitución de fondos, pero eso depende de Contraloría, y lo va a tener que hacer en el futuro, identificando quiénes son las personas que deberían restituirlos”, detalló Desdner.

Con todo, enfatizó en que -según su visión- se trataría de un “problema administrativo, y que está asociado sobre todo a la fiscalización de la utilización y realización de las cosas que se compraron”.

La delegación presidencial del Bío Bío pidió a propósito de esto, la visita del auditor de la Subsecretaría del Interior, que estuvo hace un mes revisando los procedimientos en la repartición de gobierno.

También se ordenó, desde el momento en que se generó el pre informe de la Contraloría, una revisión de todos los protocolos internos existentes, para que esto no se repita, indicó la autoridad regional.