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Parlamentarios de la zona están expectantes ante la formalización de la indagatoria en el caso Puerto Coronel, donde destaca la participación del Servicio de Impuestos Internos como querellante por delitos tributarios. Sin embargo, hay incertidumbre debido a la posibilidad de postergación de la audiencia, ya que el hijo del juez de Coronel trabaja para la abogada que defiende a uno de los imputados. El concejal y militante del Partido Socialista, Eduardo Araya, será formalizado por cohecho el próximo 15 de octubre, al igual que el alcalde Boris Chamorro. El caso, que involucra a exejecutivos y contratistas de Puerto Coronel, ha generado un perjuicio fiscal estimado en 497 millones de pesos. La Fiscalía también pedirá formalizar a Eduardo Hartwig, fundador de la empresa, por varios delitos tributarios, así como a otros implicados por soborno, cohecho y administración desleal.

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Expectación existe entre los parlamentarios de la zona respecto a la formalización de la indagatoria en el caso Puerto Coronel. Si bien destacan que el Servicio de Impuestos Internos (SII) sea querellante en la causa, en el contexto de delitos tributarios, el diputado Eric Aedo advierte que la audiencia se podría postergar, ya que el hijo del juez de Coronel, trabaja para una abogada que defiende a uno de los imputados.

Fue iniciado el mes de octubre, cuando en ese momento restaba una semana para la formalización del caso, que el magistrado Jorge Henríquez, titular del Juzgado de Garantía de Coronel, trasparentó mediante un documento que, “la defensora del imputado Eduardo Araya, la abogada Carolina Araya, es la superior directa de mi hijo Sebastián, también abogado, en la universidad en la que ambos trabajan”.

Se trata de una declaración que busca, según el magistrado, “evitar comentarios que afecten al prestigio del sistema de justicia, en que los jueces actúan con absoluta imparcialidad, pero el hecho es que también deben así parecerlo a ojos de la ciudadanía”.

Hay que señalar que el acusado, concejal de Coronel y militante del Partido Socialista, será formalizado por cohecho el próximo 15 de octubre. Al igual que el alcalde y candidato, Boris Chamorro.

En ese contexto, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, el demócrata cristiano, Eric Aedo, advirtió que sería “una mala noticia” que la audiencia se postergue nuevamente.

En la causa, recordemos, están como querellantes el propio Puerto Coronel, el Consejo de Defensa del Estado y el SII. Esta última entidad presentó una acción legal en contra de ex ejecutivos y contratistas de la compañía por delitos tributarios que generaron un perjuicio fiscal estimado de 497 millones de pesos.

En ese sentido, el diputado, también por la zona, Félix González, espera se pueda llegar a la verdad judicial.

Tras ello, el Ministerio Público pidió formalizar al fundador de Puerto Coronel, Eduardo Hartwig, por los delitos de declaración maliciosa de impuesto, obtención indebida de devolución de impuestos y facilitación de facturas falsas.

Mientras que para el exgerente de la compañía, Javier Anwandter, y el otrora gerente de administración y finanzas, Daniel Chamorro, el Ministerio Público pide formular cargos por declaración maliciosa de impuesto y obtención indebida de devolución de impuestos.

En el texto fueron querellados los proveedores Víctor Olivares y Hernán Romero. Para ambos, la Fiscalía pide formalizar por facilitación de facturas falsas.

De acuerdo a lo que consigna el Ministerio Público en la solicitud, los delitos cometidos están en grado de consumado, en calidad de autor, y en carácter de reiterado durante los periodos tributarios mensuales de marzo 2019 a noviembre de 2023.

Junto a los delitos tributarios, la Fiscalía formulará cargos por soborno, cohecho y administración desleal.