El Servicio de Impuestos Internos presentó una querella criminal por delitos tributarios en contra de exjecutivos y contratistas de Puerto Coronel.
Se trata de una acción judicial contra Eduardo Hartwig, fundador y expresidente de la firma, Javier Anwandter, exgerente de la compañía, Daniel Chamorro, exgerente de administración y finanzas del terminal portuario.
También, el escrito va dirigido contra los empresarios Víctor Olivares y Hernán Romero. Este último, hermano del parlamentario de oposición Leonidas Romero.
Si bien la querella fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Coronel el pasado 3 de octubre, fue el día 7 de este mes donde se declaró como admisible y, por lo tanto, acogida a tramite por el tribunal de esa comuna.
Dentro de los hechos que expone la querella está la “realización de maniobras maliciosas destinadas a aumentar el verdadero monto de los créditos fiscales del IVA mediante la utilización de facturas falsas”, “la devolución indebida de impuestos a Puerto de Coronel amparada en facturas falsas” y la “facilitación de facturas falsas destinadas a cometer o posibilitar la comisión de delitos tributarios”.
Lo anterior, con base al periodo tributario comprendido entre los años 2019 y 2023.
Perjuicio cercano a los $500 millones
Dentro del texto acusatorio, también se cita una declaración jurada presentada ante funcionarios del Servicio de Impuestos Internos por parte de Víctor Olivares Matamala, proveedor del puerto.
Este último dio cuenta de actividades desarrolladas durante los últimos seis años, dentro de las cuales se consignan las transferencias que la compañía realizaba al concejal socialista, Eduardo Araya, y para las cuales se emitían facturas.
En la misma declaración jurada, Olivares entregó antecedentes sobre el contenido de algunas facturas y un resumen con el detalle de los traspasos de dinero a terceros involucrados en los ilícitos denunciados en la Fiscalía en el denominado caso Puerto Coronel, dentro de ellos, al alcalde de coronel, Boris Chamorro.
Los tres hechos que expone el Servicio de Impuestos Internos en la acusación, previstos en el articulo 97 N°4 incisos segundo y tercero del Código Tributario, habría generado un perjuicio fiscal total de $497.477.513 (cifra actualizada a septiembre de 2024), por concepto de Impuesto al Valor Agregado.
