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En Concepción, jóvenes afectados por violencia policial durante el estallido social del 2019 se reunieron en Tribunales, liderados por Rodrigo Lagarini, para denunciar la tardía renuncia de Ricardo Yáñez como exjefe de Carabineros. Exigieron reparación por ley a las víctimas al presidente Gabriel Boric y una reforma en Carabineros por parte del nuevo general director Marcelo Araya. Gabriel Arias y Gustavo Quintero participaron en la manifestación, pidiendo que Carabineros asuma su responsabilidad en violaciones de derechos humanos y buscando justicia en el juicio contra Yáñez. Criticaron el lento avance de las investigaciones en apremios ilegítimos en la región del Bío Bío, reflejando la preocupación de la directora del INDH, Carolina Chang, a pesar de fallos condenatorios locales.

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Al mismo tiempo que el exjefe de Carabineros, Ricardo Yáñez, llegaba al Centro de Justicia en Santiago, en Concepción -en el edificio de Tribunales- se reunieron jóvenes blanco de agresiones por parte de las fuerzas de seguridad durante la estallido social de 2019.

Las víctimas, miembros de la Agrupación de Sobrevivientes del Estallido Social, estaban lideradas por Rodrigo Lagarini, quien leyó una declaración y calificó como tardía la renuncia de Yáñez a la institución.

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Sin embargo, dijo, aún hay tiempo para que el presidente Gabriel Boric deje una reparación por ley a las víctimas, y para que el nuevo general director de Carabineros, Macelo Araya, impulse una reforma de la policía uniformada.

Quienes participaron de la manifestación fueron Gabriel Arias y Gustavo Quintero. El primero pidió que Carabineros admita su responsabilidad en la violación de derechos humanos.

Mientras que Quientro, espera que con el juicio a Ricardo Yáñez se haga la justicia que en su caso no hubo.

El principal reclamo de los manifestantes tuvo que ver con el pobre avance en las investigaciones para quienes sufrieron de apremios ilegítimos en el Bío Bío, algo en lo que coincidió la directora del INDH, Carolina Chang.

Si bien, ha habido fallos condenatorios a nivel local, en la mayoría de los casos por apremios ilegítimos, con lesiones oculares y otro tipo de daños, la justicia ha absuelto a los uniformados investigados.