En prisión preventiva quedaron los líderes de las organizaciones criminales que operaban la red de casinos ilegales en el Bío Bío y en otras regiones del país. Tras la formalización de los 19 detenidos, el diputado Eric Aedo solicitó que el Servicio de Impuestos Internos se querelle por este caso.
Seis de los 19 detenidos en la “Operación Patagonia VIP” quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados, por asociación ilícita, casinos ilegales, comercio clandestino, comercio ilegal y lavado de activos.
Se trata de los cabecillas de tres organizaciones criminales dedicadas a la explotación de casinos ilegales en el Bío Bío y en otras seis regiones del país.
Los otros arrestados en el megaoperativo de la PDI, quedaron con diferentes medidas cautelares.
Las agrupaciones tenían una serie empresas, centros de estéticas e incluso un jardín infantil, que ocupaban de fachada para cometer el ilícito, mientras que los casinos operaban pese a que habían sido clausurados.
El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, cree que la investigación dejará al descubierto otras situaciones que se registran en el centro penquista.
La investigación se extendió por poco más de un año, destacó tras la formalización, la fiscal Regional del Bío Bío, Marcela Cartegena, en un trabajo que se inició a causa de las querellas presentadas contra los casinos ilegales.
El mega operativo del pasado lunes se realizó simultáneamente en siete regiones del país, desbaratando a las organizaciones.
No son las únicas organizaciones que operan de esta forma en el país, advirtieron desde el Ministerio Público, mientras que la delegada Presidencial del Bío Bío, Daniela Dresdner, destacó que el trabajo continuará.
Fueron más de 1.800 las máquinas de juego y más de 500 millones de pesos los incautados por la PDI en medio de la investigación que develó la forma de actuar de estas tres organizaciones criminales.
Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por
lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia
dicte sentencia en su contra. (Artículo 04 del Código Procesal Penal)
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