El Juzgado de Garantía de Concepción, en la región del Bío Bío, decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los imputados en el caso Novakimen.
A estos se les responsabiliza por las mamografías que municipios del Bío Bío contrataron con el centro médico, y que no se realizaron, además de emitir falsos diagnósticos.
Se trata de Roberto Ruíz Lizama, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos: obtención fraudulenta de recursos públicos, usurpación de identidad, uso malicioso de instrumento público falso y perjurio, todos ellos en carácter de consumado.
También fue formalizada Carmen Martínez Flores, imputada como autora de 8 delitos de obtención fraudulenta de recursos públicos y 7 delitos consumados de usurpación de identidad.
Todos los ilícitos fueron perpetrados entre marzo y septiembre de 2022 en diversas comunas de la región.
En la audiencia, la magistrada Carolina Llanos Ojeda ordenó el ingreso a prisión de ambos. Esto, tras considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
Para ello, también se utilizó la perspectiva de género, considerando que las afectadas eran mujeres. Además, fijó en seis meses el plazo de investigación.
Caso Novakimen: cerca de mil mujeres afectadas
Según el ente persecutor, entre marzo y septiembre de 2022, Ruiz Lizama, dueño del centro médico de salud integral y estética Novakimen Limitada postuló a 10 licitaciones de distintas instituciones vinculadas al área de salud.
Entre ellas, se encontraban el Hospital intercultural de Cañete, los municipios de Concepción, Contulmo, San Pedro de la Paz, Lota, Curanilahue, Los Álamos y Talcahuano, además de los servicios de Salud de Talcahuano y de Curanilahue.
Mediante documentos falsos, como resoluciones exentas con autorizaciones falsificadas o información de profesionales que no trabajaban para el centro, se adjudicó los contratos para realizar exámenes, consistentes en ecografías ginecológicas y mamarias.
Los exámenes eran realizados por Martínez Flores o Audié Ferreira Barbosa, quien mantiene una orden de detención vigente.
Sin embargo, ambos médicos generales, remitían los informes careciendo de las especialidades requeridas para practicar los exámenes.
Para validarlos, la secretaria del centro médico incluía la firma digitalizada de cinco médicos, quienes nunca autorizaron estos documentos.
Es así que se puso en riesgo la salud sexual y reproductiva de aproximadamente mil mujeres, pues las atenciones de Martínez Flores y Ferreira Barbosa emitieron informes con diagnósticos erróneos sobre embarazos o cáncer.
Por lo anterior, estas prácticas fueron catalogadas como violencia de género.
Finalmente, el actuar antes descrito se tradujo en la defraudación de $46.821.000, de los cuales solo se pagaron $12.116.000, pues en las prestaciones asociadas a los otros exámenes se suspendió el pago, por haberse detectado el delito.
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