La justicia investiga 12 mil carpetas con testimonios en dictadura. El ocultamiento de estos antecedentes en el Ministerio de Justicia, que no fueron remitidos al Poder Judicial, podría dar cuenta de irregularidades e incluso delitos.

La Corte de Apelaciones de Concepción abrió una investigación a partir de 12 mil carpetas con testimonios de conscriptos del Ejército sobre violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Esos antecedentes han estado en poder del Ministerio de Justicia desde el año 2018, sin que hasta ahora fueran entregados al Poder Judicial.

La decisión de iniciar la investigación fue en respuesta a una carta de abogados del Programa de Derechos Humanos al ministro en visita, Carlos Aldana, dando cuenta de 12 mil carpetas con antecedentes sobre delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura, y que han estado guardadas en una oficina del Ministerio de Justicia.

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Esas carpetas contienen testimonios de conscriptos del Ejército entregados a la Subsecretaría de Derechos Humanos a partir de enero de 2018, dando cuenta de torturas, fusilamientos y otros hechos de los cuales los uniformados, cumpliendo el Servicio Militar, fueron víctimas y testigos.

Estos antecedentes no estaban en conocimiento de los jueces dedicados a investigar violaciones de derechos humanos durante la dictadura y por eso la decisión de abrir la indagatoria, confirmada por el propio ministro en visita de Concepción, Carlos Aldana.

Según la carta enviada al magistrado Aldana por los abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, la situación es delicada, deslizando posibles irregularidades e incluso delitos en el ocultamiento de los testimonios de conscriptos, lo que debería ser establecido a través de sumarios administrativos o incluso investigaciones a cargo del Ministerio Público.

Las primeras 6 mil carpetas fueron recibidas cuando lideraba la Subsecretaría de Derechos Humanos la actual diputada Lorena Fríes, quien explicó que efectivamente su gestión inició un análisis de esos antecedentes poco antes de terminar el segundo mandato de Michelle Bachelet, y que correspondía a la administración entrante concluir el trabajo.

Hasta ahora desde el Ministerio de Justicia no ha habido un pronunciamiento, a pesar que entre las diligencias ordenadas por el ministro Aldana está la declaración de Sandro Gaete, coordinador del Área de Investigación Administrativa del Programa de Derechos Humanos.