El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó una querella contra tres miembros de la Armada y dos trabajadores de una estación de servicio de Copec, por el delito de fraude al fisco en relación a los manejos irregulares de las tarjetas para la compra de combustible. Según se indica en la acción legal, los uniformados, en concordancia con los trabajadores, simulaban compras de bencinas que después era vendidas a terceros, generando millones de pesos que se dividían.
Tres miembros de la Armada, además de dos trabajadores de una estación de servicio de Copec, son investigados por un millonario fraude al fisco perpetrado al interior de la Base Naval de Talcahuano, en la región del Bío Bío. Todos son indagados por manejos irregulares con las tarjetas para la compra de combustible.
A través de una querella ingresada en el Juzgado de Garantía, el Consejo de Defensa del Estado entregó a la Fiscalía todos los detalles del modus operandi que permitía a tres sargentos del Centro de Entrenamiento Básico del Cuerpo de Infantería, cargar sus autos personales con bencina pagada por la Armada.
Pero, también, en complicidad con los bomberos de la estación al interior de la Segunda Zona Naval y a través de facturas ideológicamente falsas, los uniformados simulaban compras de combustible que después era vendido a terceros, generando millones de pesos que se dividían.
Modo de operar
De acuerdo a lo detallado en la querella del CDE, los bomberos del Servicentro Copec, efectuaban la carga del combustible a los funcionarios de la Armada, sin cumplir con las exigencias del convenio celebrado entre la institución y la empresa (…), pues que “no dejaban constancia, en el váucher respectivo, de quien requería la carga, mediante la exhibición de la Cédula de Identidad del encargado, ni consignaban la patente del vehículo fiscal, procediendo a efectuar la carga del combustible requerido”.
Además, el sargento encargado de la Repartición de Combustible y Municiones del Centro de Entrenamiento de Infantería de Marina de Talcahuano, concertado con los mismos bomberos, habría generado “boletas de combustible fiscal por 200 litros de bencina, realizando falsas cargas en la tarjeta electrónica de combustible correspondiente”.
Luego, los dos bomberos vendían el combustible y la utilidad la repartían entre los tres: 70% para el integrante de la Marina y 30% para los trabajadores.
Efectuado lo anterior, el sargento registraba las cargas de combustibles irregulares en el libro para esos fines, asignándolas -para no ser descubierto- “a cargas de vehículos fiscales que luego se determinó, no se encontraban operativos”.
Sumario administrativo
La situación quedó al descubierto en 2018, iniciándose entonces un sumario administrativo que aún no concluye, permitiendo -al parecer- que los sargentos permanezcan en sus cargos, lo que no fue confirmado ni desmentido por la Base Naval de Talcahuano.
A través de su Unidad de Comunicaciones, sólo señalaron a Radio Bío Bío que “la investigación interna comenzó hace años y no se va a emitir declaración”.
Revisa a continuación la querella del Consejo de Defensa del Estado:
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