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Son funcionarios públicos que reciben varios millones de pesos de ingreso mensual pero que a fin de mes pagan arriendos que no superan los 60 mil pesos. Profesionales beneficiados por una herramienta legal que -sólo en la región del Bío Bío- permite que el Estado disponga de 188 viviendas por las que, en total, percibe sólo 6 millones de pesos cada mes.
¿Cómo se explica que un profesional, como el abogado del Gobierno Regional (GORE) del Bío Bío, Jorge Díaz Obando, con ingresos mensuales que promedian los $3.187.000, pueda pagar no más de 57.600 pesos de arriendo? O que, por ejemplo, otro funcionario, Nicolás Asiaín Madariaga, de profesión Abogado, profesional de la unidad jurídica del GORE, con un sueldo promedio de $2.979.316, tenga el privilegio de pagar a fin de mes poco más de 47 mil pesos de arriendo?
¿Quién ordena y asigna estos beneficios? La historia es larga y comprende a varios Gobiernos. Radio Bío Bío accedió, vía ley de transparencia, al listado de los beneficiados en esta repartición pública.
Regulación vaga
La ley 18.834 sobre el estatuto administrativo es la encargada de regular la entrega de viviendas. “El funcionario tendrá derecho a ocupar con su familia, gratuitamente, la vivienda que exista en el lugar en que funcione la institución, cuando la naturaleza de sus labores sea la mantención o vigilancia permanente del recinto y esté obligado a vivir en él”.
La ley agrega que los funcionarios que ocupen viviendas fiscales pagarán el 10% de su sueldo como una especie de “arriendo” al fisco, sin embargo no se especifica que dicho porcentaje se refiere al sueldo base y no al sueldo final que reciben los funcionarios públicos a fin de mes.
Para explicarlo tomaremos como ejemplo a un funcionario de planta profesional, Asistente Social con grado 11. Su sueldo final será alrededor de $1.500.000, sin embargo su sueldo base es de $347.260 pesos. Es decir, por el arriendo de una vivienda fiscal a este funcionario se le descuentan $34.726.
Hace unos años, la administración de las casas fiscales estaba a cargo del Ministerio de Bienes Nacionales. Sin embargo, la normativa cambió y todo quedó centralizado en los Gobiernos Regionales, es decir, son los Intendentes quienes administran estas viviendas.
La ley que regula la designación de este tipo de viviendas indica que “este derecho podrá ser exigido, sucesiva y excluyentemente, por los funcionarios que residan en la localidad respectiva, según su orden de jerarquía funcionaria”, sin dar luces de una normativa de regulación respecto de cuánto tiempo será habitable esa casa fiscal o la forma en que se puede postular a ellas.
De hecho establece que la única restricción es que “no corresponderá a aquel funcionario que sea, él o bien su cónyuge, propietario de una vivienda en la localidad en que presta sus servicios”.
Un párrafo que deja a la interpretación la ley, ya que perfectamente un funcionario público que goza del beneficio de una casa fiscal en la comuna de Concepción, por ejemplo, puede tener una vivienda en Talcahuano y estaría cumpliendo la norma.
Casos
El Gobierno Regional del Bío Bío informó que en esta repartición son 14 los beneficiados por estos asignaciones de viviendas.
Uno de los casos que más llama la atención es el del Contador Auditor de la Intendencia del Bío Bío, Alejandro Ruiz–Tagle Geoffroy quien se desempeña bajo el cargo de Profesional de Finanzas y figura “a contrata”, ya que en algún momento tuvo una vivienda propia según lo consultado en Bienes Raíces.
Según los datos de transparencia, tiene un sueldo promedio de $2.337.653. En el escalafón profesional figura con grado 8, es decir, su sueldo base es de $437.431, por lo que paga al fisco 43.743 pesos de arriendo cada mes.
El 6 de febrero de 2004, según figura en la escritura, Alejandro Ruiz–Tagle compró una casa en Talcahuano, la que según se especifica fue pagada al contado, por 16 millones de pesos en total (ver escritura 1 en formato PDF).
Lo curioso es que en 2015, esta vivienda fue traspasada a su expareja como una donación (ver escritura 2 en formato PDF). Al revisar datos en transparencia, el Contador Auditor ya figuraba trabajando en la intendencia del Bío Bío a enero de 2013, tal como se ve en los registros en la pagina.
Es decir, Ruiz-Tagle pudo tener una vivienda al mismo tiempo que era beneficiado con una casa fiscal.
Fuentes al interior de la Intendencia dieron cuenta de que este funcionario además pidió un cambio de vivienda.
Requisitos
El jefe de Administración y Finanzas del Gobierno Regional del Bío Bío, Freddy Neira, es quien está cargo de revisar todo el proceso de asignación de viviendas fiscales, sin embargo quien autoriza el trámite final es el Intendente.
¿Por qué funcionarios que ganan sueldos millonarios son beneficiados con el pago de arriendos que no superan los 60 mil pesos? “Si hubiese más de un postulante a una vivienda se establece la situación socieconómica. Nosotros recibimos postulaciones dentro de la disponibilidad de las viviendas que existe”, explica Neira.
No existe un límite de tiempo para habitar estas casas. De hecho, la misma jefatura reconoce que hay personas que por más de 30 años han vivido en una casa fiscal. “La ley no establece aquello, no establece un plazo perentorio de ocupación. La ley lo que busca en sus orígenes es la retención o atracción de profesionales y técnicos a nuestra región. La autoridad tiene la facultad de poder requerir la vivienda, por mal uso, cambio en los requisitos o incluso sin argumentar”.
“Efectivamente hay viviendas que se entregaron en la década de los 80. Hay casos en que se superan los 30 años”. “Estamos revisando un plazo perentorio de ocupación de 5 a 10 años”, agregó Neira.
Visión funcionaria
La Asociación de Funcionarios Profesionales del GORE respondió los cuestionamientos. Edgardo Cerda Monsalve, su presidente, cree que “hay muchas cosas que se pueden regular en este país que aparentemente son injustas. Hasta el momento no hay nada de eso, yo creo que en este país falta mucho por regular y controlar, no sólo en este aspecto”.
Cerda no cree que el sistema sea poco transparente. “La autoridad con sus atribuciones, con su sabiduría, ha decidido y definido bien las solicitudes que se le han planteado”, explica.
El mismo dirigente hace uso de una casa fiscal desde el año 2009. Gana $1.665.000 y paga $37.500 de arriendo, es decir, un 10% del sueldo base de poco más de $375.000.
