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La Contraloría Regional de Valparaíso reveló irregularidades en la adquisición de camiones aljibe, a lo que el Gobierno Regional aseguró haber cumplido con las normativas. Parlamentarios anunciaron una querella criminal por malversación de caudales públicos y pidieron investigaciones para esclarecer las presuntas falsificaciones en pagos a la empresa responsable. El diputado Andrés Celis adelantó una querella contra los responsables por negligencias en el caso. Se espera que se continúe investigando para determinar responsabilidades en el uso de recursos y en la supuesta falsificación de documentos.

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Tras el informe emitido por la Contraloría Regional de Valparaíso que detalla irregularidades en la adquisición de camiones aljibe, el Gobierno Regional de Valparaíso sostuvo haber cumplido con las normativas.

En ese contexto, parlamentarios señalaron que los hechos deben ser investigados y que se interpondrá una querella criminal contra todos los funcionarios públicos que resulten responsables por el delito de malversación de caudales públicos.

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En el marco del informe realizado por la Contraloría Regional de Valparaíso que detalla irregularidades en distintas situaciones relativas a la adquisición de camiones aljibe, el Gobierno Regional de Valparaíso se refirió al hecho.

Ante ello, el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, afirmó que entregaron la información correspondiente al ente contralor, cursando multas a la empresa y cumpliendo con las normativas vigentes en la materia.

En este sentido, Mundaca señaló que anteriormente se instruyó una auditoría por la empresa a cargo de los camiones aljibe Porsche SpA.

Asimismo, en el informe de la Contraloría se apuntó a una presunta falsificación en la firma de documentos de pago a la empresa Porsche SpA, por lo que el diputado independiente apoyado por el Partido Radical, Tomás Lagomarsino, señaló que debe ser investigado vía administrativa.

Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, señaló que existen negligencias importantes en el caso, por lo que interpondrá una querella criminal contra quienes resulten responsables por el delito de malversación de caudales públicos.

Los parlamentarios sostuvieron que se debe seguir investigando el caso para esclarecer responsabilidades, tanto en el uso de recursos y multas cursadas, como en la presunta falsificación de firmas en documentos con la empresa de camiones aljibe.