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La alcaldesa entrante de Quilpué, Carolina Corti, está investigando las irregularidades del acuerdo entre la Fundación Daya y el municipio, luego de un informe de Contraloría que reveló problemas en convenios con 13 municipalidades, incluyendo Quilpué, para adquirir un fitofármaco a base de cannabis sin autorización del ISP. Corti busca transparencia, mientras la diputada Camila Flores pide celeridad a la Contraloría ante posibles delitos. La polémica surge por el uso de recursos municipales en acuerdos con la Fundación Daya sin la aprobación correspondiente.

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La alcaldesa entrante de Quilpué, Carolina Corti, confirmó que están recabando antecedentes para transparentar las irregularidades del acuerdo suscrito entre la Fundación Daya y el municipio, después de un dictamen emanado por Contraloría en agosto pasado.

Esto, en el contexto del escándalo que salpica a otros 12 municipios del país, que a partir de 2015 firmaron millonarios acuerdos para acceder a un fármaco a base de cannabis que en ese entonces no tenía la aprobación del Instituto de Salud Pública.

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Lo cierto es que en agosto pasado la Contraloría General de la República emitió un informe que revelaba anomalías en los convenios suscritos por la Fundación Daya con 13 municipios, entre ellos Quilpué, respecto a la compra un fitofármaco, a base de cannabis, que no contaba con la autorización del ISP.

Al respecto, en diálogo con La Radio, la alcaldesa entrante de Quilpué, Carolina Corti, aseguró que la investigación en el municipio sigue en curso, buscando que los antecedentes estén a su disposición, en pro de la transparencia.

Cabe recordar que la alcaldesa saliente, Valeria Melipillán dijo en junio pasado que precisamente este fue uno de los convenios que no les fue informado directamente, sino que se enteraron de su existencia durante el transcurso de un tiempo.

En tanto, la diputada por el 6º distrito, Camila Flores (RN), instó a la Contraloría a actuar con celeridad, considerando que, a su juicio, podríamos estar en presencia de delitos. Además, valoró que la alcaldesa Corti busque en la identificación de responsables de este mal uso de recursos municipales.

Cabe recordar que la polémica surge a partir de un acuerdo entre la Fundación Daya y 13 municipalidades del país, que implementaron el “Programa de uso compasivo de aceite de cannabis como terapia complementaria para pacientes oncológicos y con epilepsia, entre otras patologías con dolor crónico”, sin embargo, la CGR detectó que “el laboratorio involucrado en la elaboración del fármaco no contaba con permiso del ISP”, además de diversos “incumplimientos en los convenios”.