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En Cerro Centinela, en San Antonio, se prevé un inminente desalojo de la megatoma que podría concretarse este mes, a pesar de la solicitud de postergación por un año presentada ante la Corte de Apelaciones por la Delegación Presidencial de Valparaíso. Dirigentes anuncian resistencia al desalojo programado para el 30 de noviembre, asegurando que no abandonarán el territorio. Parlamentarios como Tomás De Rementería piden soluciones para las familias afectadas, mientras que Luis Sánchez insta a cumplir el decreto de la Corte Suprema. Unos 5 mil hogares se verían afectados por esta medida, que se espera se defina a fines de este mes.
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Ante el inminente desalojo, que se podría concretar este mes, en la megatoma de Cerro Centinela, en San Antonio –región de Valparaíso-, distintos representantes del sector han manifestado que aplazar esta medida decretada por la Corte Suprema no solucionará directamente la problemática.
Esto debido al recurso que presentó la Delegación Presidencial de Valparaíso en la Corte de Apelaciones para postergar en al menos un año la orden de desalojo.
Dirigente anuncia que pondrán resistencia al desalojo
Esa acción está programada para el 30 de noviembre y la presidenta de la organización Nuevos Aires, Karina Ayala, aseguró en conversación con La Radio que no se moverán del territorio y que se resistirán al desalojo.
“Nosotros tenemos nuestro plan de acción, no nos vamos a mover del territorio porque hicimos un barrio en el territorio. No vamos a dejar nuestras casas por ningún motivo, estamos todos dispuestos a resistir el desalojo“, afirmó e insistió que de ingresar una maquinaria habría “una tragedia mundial”.
Por el lado de los parlamentarios, el diputado del Partido Socialista, Tomás De Rementería, dijo que el Estado le debe dar una solución a las familias y que espera que el recurso llegue a buen puerto para darle tranquilidad por un tiempo a las personas de la megatoma.
Diputado Sánchez llama a cumplir orden de desalojo
En cambio, el parlamentario republicano, Luis Sánchez, hizo un llamado a la Delegación y al Gobierno para que cumplan el decreto emanado por la Corte Suprema.
Son cerca de 5 mil familias que se verían afectadas por este desalojo, que a la espera de la decisión de la Corte de Apelaciones, ocurriría a fines de este mes.
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