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La Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso decidirá este martes la viabilidad del mega proyecto inmobiliario Maratué en Puchuncaví, que propone la construcción de 14 mil viviendas en Quirilluca. A pesar de la recomendación de aprobación del Servicio de Evaluación Ambiental, críticas ambientales y sociales han surgido respecto a la afectación al entorno natural. María Araya del Consejo Consultivo del Hospital Adriana Cousiño de Quintero acusa al Gobierno de Gabriel Boric de dañar áreas naturales. Flavia Liberona de la Fundación Terram cuestiona el proceso y las licencias sociales, mientras el concejal Ricardo Quero señala que la conservación propuesta por el proyecto abarca solamente un tercio de lo necesario. El proyecto, de 2 mil millones de dólares, se ejecutaría en 45 años, perteneciendo a Óscar Lería, cuñado de Andrónico Luksic, quien asegura compromiso con el medio ambiente.

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La Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso votará este martes respecto a la aprobación o rechazo de construcción del mega proyecto Maratué de Puchuncaví.

Este megaproyecto inmobiliario en el sector de costero de Quirilluca en Puchuncaví, enfrenta críticas ambientales, mientras el Servicio de Evaluación Ambiental recomendó su aprobación. La iniciativa pretenden instalar 14 mil viviendas.

Una jornada clave vivirán el martes, a las 9:00 horas, el proyecto Maratué ya que será votado por la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA).

María Araya, presidenta del Consejo Consultivo del Hospital Adriana Cousiño de Quintero, calificó de nefasta la solicitud del Servicio de Evaluación Ambiental y acusó al Gobierno de Gabriel Boric de “seguir dañando” las pocas zonas de naturaleza.

La dirigente criticó que por una construcción destinada a los más ricos se está “destruyendo un Santuario de la Naturaleza”.

Según el megapro yecto, cuyo dueño es Óscar Lería, cuñado de Andrónico Luksic, se garantiza el compromiso con el medio ambiente y el ecosistema del sector.

Sin embargo, Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, desconfía del apoyo de las autoridades ambientales sobre el proceso, y cuestionó las licencias sociales otorgadas por las autoridades.

Por otra parte, el concejal Ricardo Quero consideró que la recomendación del Servicio de Evaluación Ambiental por aprobar esta iniciativa es compleja, ya que el sector que el proyecto se compromete a conservar sólo corresponde a un tercio de lo que se ha establecido como necesario por distintas instituciones.

Cabe mencionar que el proyecto contempla una inversión de 2 mil millones de dólares para ejecutarse en un plazo de 45 años.